Artigos sobre Política Venezuelana, Notas de estudo de Ciências Sociais

Baixe Artigos sobre Política Venezuelana e outras Notas de estudo em PDF para Ciências Sociais, somente na Docsity! Cuadernos del Cendes ISSN 1012-2508 versão impressa CDC v.49 n.49 Caracas jan. 2002 Como citar este artigo El Caribe y el contencioso con Guyana en la política exterior venezolana: contraste de dos tiempos Edgar C. Otálvora Economista. Ha sido investigador en el IESA, Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, Viceministro de la Secretaría de la Presidencia de la República. Cumplió funciones diplomáticas en Colombia y Brasil. Columnista en diarios y revistas nacionales. correo-e: ecotalvora@telcel.net.ve RESUMEN El artículo pasa revista a los giros de la política exterior venezolana hacia el Caribe a partir del establecimiento del régimen democrático en 1959, inscribiendo dentro de ella el tratamiento dado al contencioso que por razones territoriales mantienen Venezuela y Guyana. Se presentan las líneas de acción ejecutadas durante el período democrático representativo contrastadas con las del gobierno «bolivariano». Queda en evidencia que el Caribe permanentemente ha sido incluido en la agenda de acción exterior venezolana, primero dentro de un esquema de contención a las aspiraciones de expansión de Cuba, y desde 1999, como parte de la alianza del gobierno «bolivariano» con el gobierno comunista encabezado por Fidel Castro. Palabras clave Política exterior / Gobierno bolivariano / Régimen democrático / Caribe / Cuba/ Guyana / Venezuela ABSTRACT This article reviews the changes in Venezuelan foreign policy towards the Caribbean since the establishment of the democratic regime in 1959. The analysis also includes the position adopted concerning the territorial dispute with Guyana. The policies implemented during the period of representative democracy are presented and contrasted with those of the «bolivarian» government. It is shown that the Caribbean has been permanently included in Venezuela’s foreign policy agenda; first as part of a scheme to respond to Cuban expansionism, and since 1999, as part of the alliance between the «bolivarian» government and the communist government led by Fidel Castro. Key words Foreign policy / Bolivarian government / Democratic regime / The Caribbean / Cuba / Guyana / Venezuela RECIBIDO: OCTUBRE 2001 ACEPTADO: NOVIEMBRE 2001 PRESENTACIÓN El 8 de febrero de 1999 Hugo Chávez Frías, quien asumiera la presidencia de la República de Venezuela seis días antes, llegaba a Jamaica para asistir a la IX Cumbre del Grupo de los Quince (G-15), grupo derivado del Movimiento de los Países no Alineados, el cual tiene como propósito la cooperación entre sus miembros, dentro de la óptica Sur-Sur de moda en los años setenta. Durante las conversaciones oficiales y en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Chávez anunció la posibilidad de extender a todos los países del Caribe los beneficios del Acuerdo de San José, mecanismo establecido en 1989 mediante el cual Venezuela y México suministran petróleo a países del área caribeña en condiciones especiales de financiamiento. El anuncio del nuevo gobierno venezolano fue ratificado en el segundo viaje oficial de Chávez, realizado en abril de 1999, para atender la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En Santo Domingo, donde se celebró el encuentro de la AEC, Chávez fue el orador durante el acto de clausura del evento. En esa oportunidad planteó la creación de una confederación de naciones latinoamericanas y convocó a un nuevo Congreso Anfictiónico a celebrarse en Venezuela. Durante sus conversaciones con otros mandatarios reiteró su ofrecimiento para extender el Acuerdo de San José «a los países del Caribe que estuvieran interesados» (López Martínez, 2000:49-53). De esta forma, Venezuela retomó una línea de acción internacional que ya había experimentado en los años setenta: la de apelar a sus disponibilidades financieras para generar programas de cooperación económica hacia el Caribe, procurando influencia política en la región. En el lapso de los dos primeros años de gobierno «bolivariano», Venezuela ejecutó la política hacia el Caribe dibujada en aquellos pronunciamientos iniciales de 1999. El interés venezolano en la ampliación del Acuerdo de San José estaba en sus deseos de incluir al gobierno de Cuba entre los beneficiarios. La Habana se transformó en aliado internacional de primer orden del gobierno venezolano, y éste, en consecuencia, creó una nueva versión de los programas de apoyo económico y financiero hacia el Caribe. Por otra parte, el tema del contencioso que Venezuela mantiene ante la vecina Guyana, miembro natural de la comunidad caribeña anglófona, fue puesto nuevamente en el tapete de la agenda externa venezolana a partir de 1999. Las aproximaciones de Chávez hacia el Caribe debieron confrontarse con el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, conflicto en el cual la comunidad caribeña anglófona no se ha mantenido neutral. El gobierno «bolivariano» intentó en el año 2000 relacionar su acción de cooperación con el Caribe al tema del contencioso con Guyana, en medio de una polémica pública escenificada por Caracas y Georgetown. El presente artículo reconstruye la política exterior de Venezuela en relación con el contencioso ante Guyana, entendida como parte de la acción exterior del Estado venezolano hacia el Caribe, con especial acento en las relaciones con los estados anglófonos y pasa revista a la institucionalización multilateral en el Caribe como escenario de acción venezolana. El texto se ha estructurado de forma tal que permita contrastar la política seguida por el gobierno «bolivariano» (1999-2001) con la adelantada por Venezuela durante el período democrático representativo (1959-1999)1. EL CONTENCIOSO VENEZUELA-GUYANA El contencioso Venezuela-Guyana está referido al reclamo que Venezuela hace del territorio localizado al oeste del río Esequibo, actualmente bajo dominio guyanés. Se trata de un conflicto territorial heredado por la actual República de Guyana del pasado colonial en el cual se mantuvo país, tras largos debates políticos internos, haría lo propio en febrero de 1983. Desde entonces el caso se encuentra de mutuo acuerdo en manos de la Secretaría General de la ONU. La política exterior sufre un nuevo cambio de intensidad y agenda durante el gobierno del socialdemócrata Jaime Lusinchi (1984-1989). La crisis de la deuda externa, la reducción de la capacidad financiera del Estado venezolano, acompañado de la notoria atenuación de la pugna Este-Oeste en la región, hicieron que el gobierno de Lusinchi asumiera una política de bajo perfil, continuando el esquema de acercamiento cooperativo hacia el Anglocaribe. En este ambiente, Venezuela dejó en manos del Secretario General de las Naciones Unidas la selección del mecanismo para la solución del contencioso por el Esequibo, lo que contribuyó a un clima de distensión con Guyana y con la región. De este período data (1986) un acuerdo bilateral mediante el cual Venezuela comenzó a suministrar hidrocarburos a Guyana, en condiciones análogas a las aplicadas en el Pacto de San José. Ya durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ambos gobiernos «saludaron» la designación de Alliston McIntyre, como representante personal del Secretario General de la ONU, con carácter de Buen Oficiante en el contencioso Venezuela-Guyana. En junio de 1993, Ramón J. Velásquez fue designado por el Congreso Nacional para concluir el período presidencial, ante la apertura de un juicio a Carlos Andrés Pérez. El gobierno de Velásquez asumió en política internacional el criterio de transición. «RJV llegó a Miraflores entendiendo la política exterior como una de las áreas temáticas argumentales de la crisis política del año 93. La política exterior no podía privar sobre los graves problemas nacionales. Los aspectos críticos en materias limítrofes debían posponerse hasta que existiera un nuevo gobierno nacido de la voluntad popular, los compromisos internacionales debían honrarse, la apertura económica debía respaldarse, y el país debería mantener un perfil discreto y serio ante la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores volvería a ser el operario de la política exterior y se declaraba el receso definitivo de la diplomacia directa, en tanto significara la salida reiterada del Presidente de tierra patria» (Otálvora, 1994:79). El segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) nació bajo el estigma de los temas de política exterior, como parte de la crisis política iniciada tras los fallidos intentos de golpe de Estado del año 1992. Importantes funcionarios del gobierno de las áreas militar y ambiental, no así desde la Cancillería, expresaron posiciones de alta beligerancia contra el gobierno de Colombia, y en general, sobre los temas de integración. Las comisiones de integración y de negociación limítrofe con Colombia prácticamente cesaron en sus funciones, hasta que fueran reactivadas como respuesta a un sangriento ataque que la guerrilla colombiana (ELN) realizara contra el puesto fluvial «Cararabo» de la Armada venezolana, en las orillas del limítrofe río Meta. En tanto, el tema de los reclamos territoriales ante Guyana se mantuvieron en un perfil bajo, con reclamos diplomáticos eventuales en rechazo a concesiones forestales otorgadas por Georgetown que llevaron a Caracas a proponer la firma de un acuerdo de protección ecológica del territorio. En mayo de 1994, recién iniciado el gobierno de Caldera, el buen oficiante Allister McIntyre visitó Caracas, para iniciar una ronda de contactos. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente al año 1994, «En esa oportunidad, el Dr. McIntyre declaró a la prensa nacional que el gobierno de Guyana había manifestado su voluntad para lograr un entendimiento con Venezuela pero igualmente indicó que ‹lo más probable es que el proceso se prolongue, porque se trata de un asunto delicado y sensible para ambos gobiernos›» (MRE, 1995:177). El gobierno de Caldera propuso aplicar al contencioso con Guyana un esquema similar al practicado en las negociaciones con Colombia por la delimitación de áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Dicho mecanismo, establecido en 1989, consiste en la ampliación de la agenda de negociación bilateral para impedir que el asunto territorial frustre otros temas de potencial mutuo interés. Esta tesis oficialmente fue denominada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como de «globalidad», asumiendo un concepto expuesto por Juan Carlos Rey a lo largo de la década de los ochenta (Rey, 1988:177) y continuó siendo una guía en las negociaciones con Colombia durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (Burelli Rivas, 2001:221-222). En marzo de 1995, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de visita en Georgetown presentó a Guyana la propuesta de nuevo esquema. «Se propuso la adopción de un nuevo esquema para las relaciones entre ambos países fundamentado en un enfoque global, que permita reformular los mecanismos existentes para tratar diversas alternativas de cooperación e integración, tomando en cuenta la Reclamación Territorial» (MRE, 1996:121). En julio de 1998, la presidenta de Guyana Janet Jagan realizó una visita oficial a Venezuela. En dicha ocasión ambos gobiernos dispusieron la creación de una Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), que vendría a reemplazar la preexistente Comisión Mixta Venezolano-Guyanesa, repitiendo Caracas un esquema relativamente exitoso con otros países de la región. El tema de la controversia territorial se mantuvo, durante el período de Rafael Caldera, dentro del mecanismo de buenos oficios. Al final del período dicho mecanismo no había logrado resultado alguno en cuanto a una resolución del contencioso, pese a los esfuerzos de la diplomacia venezolana para desentropezar las negociaciones. El gobierno de Caldera, retomando la línea intentada por el negociador Isidro Morales Paúl a finales de los años setenta, invitó insistentemente al gobierno de Guyana a «delimitar el mar territorial como aproximación a otros entendimientos» (Burelli, 2001:10), lo cual no prosperó. El contencioso en el gobierno «bolivariano» El gobierno «bolivariano» es la concreción de un proyecto político organizado inicialmente dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales con el apoyo de militantes de organizaciones de extrema izquierda, quienes planearon y ejecutaron dos intentos de golpes de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 (Garrido, 2000:5-13). Ese movimiento se transformó en gobierno, a partir de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez Frías toma posesión de la Presidencia de la República. Probablemente la primera declaración de política exterior de ese movimiento se encuentre en el Programa Mínimo del MBR-200, cuya autoría generalmente se remite a Kleber Ramírez, elaborado en alguna fecha entre 1990 y 1992. «En política internacional nuestra posición se fundamentará en los principios universales de Paz, Amistad, colaboración y libre determinación de los pueblos. Los objetivos bolivarianos de la integración continental serán prioridad de nuestra política, en especial con Colombia». Entre las acciones a cumplir en materia de «política internacional», el documento del MBR-200 enuncia: «Fortalecer las relaciones con los países de nuestras áreas de influencia natural, así como con los principales mercados del mundo, como son el norteamericano, el alemán y el japonés» (citado en Garrido, 2000:221-280). El segundo documento sobre la visión de política exterior del grupo de militares insurrectos del año 1992 fue emitido el 28 de marzo de aquel año. Los firmantes del texto permanecían en aquel momento, presos en instalaciones militares, como consecuencia del proceso disciplinario que se les seguía. El documento fue esencialmente un pronunciamiento sobre las negociaciones con Colombia. Los militares golpistas acusaban al presidente Carlos Andrés Pérez de «traición a la patria», y exigían la disolución de las comisiones de negociación de temas limítrofes y fronterizos que desde 1989 se mantenían con el gobierno de Colombia2. El movimiento «bolivariano» se mostraba, así, poco amigo de las negociaciones territoriales, en sintonía más con posiciones radicales antiintegracionistas existentes dentro de las Fuerzas Armadas y menos con el credo integracionista «bolivariano» expresado por el movimiento. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a 1999, primer año del gobierno de Hugo Chávez, se presenta una definición de la forma como el gobierno «bolivariano» entiende el contencioso con Guyana. «La cuestión del reclamo del Territorio Esequibo es un problema de primordial importancia para Venezuela y para Guyana, razón por la cual es un elemento siempre presente en las relaciones bilaterales, así como en las relaciones internacionales de ambos países. Hoy en día, la reclamación sigue manteniendo para Venezuela el mismo valor que en el pasado, pero en el devenir de las relaciones con este vecino país, se han vigorizado las acciones en otras áreas, lo que ha permitido crear un clima de confianza y entendimiento, en beneficio tanto de la reclamación, como de otros objetivos nacionales en la región» (MRE, 2000:165). Con motivo de la presencia de la Presidenta de Guyana en los actos de la toma de posesión de Hugo Chávez, en febrero de 1993, ambos gobiernos acordaron impulsar la Comisión Bilateral de Alto Nivel –COBAN– creada durante el gobierno de Caldera. Con relación al contencioso, el gobierno de Chávez confirmó el mecanismo preexistente del Buen Oficiante y ratificó la posición de calificar como nula e írrita la sentencia contenida en el Laudo de París. El 20 de septiembre de 1999 se produjo en New York un encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores y los facilitadores de ambos países, para revisar junto al buen oficiante Alister Mclntyre el estado de las actividades del mecanismo. Casi simultáneamente Mclntyre presentó su renuncia al cargo, siendo reemplazado en octubre por el diplomático de Barbados, Oliver Jackman, designado por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. Jackman realizó una visita a Caracas en marzo de 2000 para cumplir una nueva ronda de consultas. Pese a la continuidad del mecanismo del Buen Oficiante, las relaciones entre el gobierno «bolivariano» y el guyanés han sido conflictivas. Así, el 13 de julio de 1999, el gobierno de Hugo Chávez emitió una Nota de Protesta ante Georgetown, como respuesta a concesiones costa afuera otorgadas a empresas petroleras por Guyana, frente al estado venezolano de Delta Amacuro y en la zona bajo reclamación. En octubre de 1999 se produce un intercambio de notas entre ambas cancillerías, referidas a la preocupación del gobierno guyanés por movimientos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en zonas fronterizas. En 2000, el gobierno guyanés anunció su disposición para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Beal Aerospace Tecnologies, mediante el cual se otorgaba una concesión territorial para la instalación de una base destinada al lanzamiento de cohetes espaciales. El tema fue ampliamente difundido durante la campaña electoral presidencial de mediados de año. El presidente Chávez en procura de la reelección, en acto proselitista ante 400 militares retirados «exhortó al pueblo y a la Fuerza Armada a presionar contra la base en Guyana». En cuanto a la práctica diplomática, la Cancillería venezolana emitió «un Comunicado de Prensa en el cual expresaba su rechazo al referido contrato y dirigió una nota de protesta al Canciller guyanés en términos enérgicos» (MRE, 2001:206). La base finalmente no fue construida ya que la empresa texana Beal se declaró en quiebra en octubre del año 2000, alegando dificultades para obtener subsidios oficiales estadounidenses, así como permisos ambientales y de transferencia tecnológica (Otálvora, 2001:70-73). A la fecha no se conoce avances sobre el contencioso dentro del mecanismo del Buen Oficiante, durante el gobierno «bolivariano». LA POLÍTICA VENEZOLANA HACIA EL CARIBE Pareciera usual y necesario que en la literatura sobre el tema «Caribe», deba partirse de una definición inicial específica del concepto. A los efectos del presente análisis, se asume el concepto de Caribe insular, buscando ahondar en la relación de Venezuela con la realidad geopolítica nacida a partir de la creación de pequeños estados en el Caribe oriental, a lo cual se agregarían las Guyanas y Belice. «La idea del Caribe como región insular comprende, además de las Antillas, a las Guyanas y a Belice, por asimilación de la «insularidad de la geografía humana» a la «insularidad de la geografía física»» (Giménez, 1991:98-99). A nuestros efectos el enfoque básico se hará sobre la comunidad de países de habla inglesa, conocida como el Anglocaribe. Las relaciones con el Caribe durante el período democrático Interés estratégico y cooperación económica Las relaciones de Venezuela hacia el Caribe se iniciaron en fecha temprana con respecto al proceso de conformación del espacio geopolítico del Caribe, en medio de los procesos de descolonización de la década de los sesenta. Ya a finales de dicha década Venezuela comenzó a acciones, tanto de la comunidad del Caribe como de Venezuela, Colombia y México para dar cuerpo institucional a una alianza donde lo económico fuera su razón de ser. La institucionalización de las relaciones con el Caribe Como parte de la acción venezolana hacia el Caribe se produjo un proceso de institucionalización creciente de las relaciones intergubernamentales. El mismo queda en primer término referido al reconocimiento de los nuevos estados caribeños en la década de los sesenta, seguido de los intentos venezolanos para ingresar a la naciente estructura multilateral caribeña y, finalmente, se centraría en la creación de un aparato multilateral con participación del Caribe ampliado en el cual Venezuela tuviera participación efectiva. A mediados de la década de los años setenta, Venezuela ingresa al Banco de Desarrollo del Caribe, siendo éste el primer paso de presencia institucional venezolana en la organización de los estados anglocaribeños. En agosto de 1989 se produce en Tobago una reunión conjunta al nivel de los jefes de Estado de Venezuela, Barbados, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadinas, y Trinidad y Tobago, estos últimos como miembros del Caricom4. En dicha oportunidad, Carlos Andrés Pérez solicitaría el ingreso de Venezuela a la organización caribeña, con carácter de observador. En esta reunión, donde sus participantes no conformaban un grupo formal, fueron suscritos dos documentos: uno de ellos referido a la vigencia de la democracia, y el segundo, acordando establecer un grupo de trabajo entre Caricom, Venezuela y «otros países latinoamericanos» para estudiar la integración de América Latina y el Caribe. A finales de julio de 1990, la Cumbre del Caricom reunida en Jamaica, aprobó el ingreso de Venezuela como observadora en los comités permanentes de agricultura, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, transporte, salud y medio ambiente. Igual decisión tomaría el Caricom con respecto a México y Puerto Rico. Venezuela, junto a Colombia y México, acodados dentro del llamado Grupo de los Tres (G-3), en 1990 convinieron una estrategia de aproximación hacia el Caribe, con lo cual la institucionalización de las relaciones venezolanas con el Caribe adquirió un carácter multilateral. Por su parte, los países miembro del Caricom venían estudiando estrategias para la profundización y ampliación de dicho mecanismo. En un informe presentado en 1992 a consideración de los jefes de Estado del Caricom, la Comisión Independiente de las Indias Occidentales planteó la creación de la AEC. Al asumir la propuesta, los jefes de Estado caribeños definieron al Caricom como «el centro del proceso de integración del Caribe». «Para darle forma y contenido a este compromiso, Caricom acordó lanzar propuestas para el establecimiento de una Asociación de Estados Caribeños, con miras a lograr la integración económica y cooperación funcional con los otros países de la Cuenca del Caribe y que ‹dicha asociación› sería abierta a todos los Estados miembros de Caricom, los otros Estados Insulares del Caribe, Suriname, los Estados de Centroamérica y los latinoamericanos del litoral caribeño y permitiría un abanico de arreglos que corresponden a su membresía» (Carrington, 1994:1-4). La creación de la AEC fue, en definitiva, producto de la confluencia de intenciones del G-3 y de Caricom. En octubre de 1993 se celebró en Puerto España, la «Reunión Cumbre Presidencial del G-3 y de Caricom», a la cual asistió Ramón J. Velásquez en su condición de Presidente de Venezuela. De esta cumbre emanó la decisión de crear una organización bisagra entre los países del G-3 –los de mayor desarrollo dentro de la cuenca del Caribe– y los miembros del Caricom. El 24 de julio de 1994 se produce en Cartagena, Colombia, la «Reunión Constitutiva de la Asociación de Estados del Caribe» (AEC). Dicha asociación fue definida por el gobierno venezolano en los siguientes términos: «La AEC tiene como objetivo principal fomentar la creación de un espacio económico ampliado que contribuya a incrementar la competitividad en los mercados internacionales, mediante la liberalización comercial, de inversiones, la discusión de asuntos de interés común que faciliten la participación activa y coordinada de la región en los foros multilaterales; la formulación e instrumentación de políticas y programas para cooperación; la preservación del medio ambiente y conservación de los recursos naturales de la región, en particular del mar Caribe y el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los pueblos y gobiernos del Caribe» (MRE, 1995:413). Si bien los planes iniciales de Caricom contemplaban la participación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dichos propósitos quedaron frustrados básicamente como rechazo a la inclusión de Cuba dentro de la AEC5. En agosto de 1995 se realizó en Trinidad la «Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la AEC». La delegación venezolana estuvo encabezada por Rafael Caldera. En esta reunión se formalizaría un primer temario de trabajo para la naciente organización. Dichos temas fueron el turismo, el comercio y el transporte, a los cuales se sumarían los de medio ambiente, ciencia, tecnología, educación, cultura. El venezolano Simón Molina Duarte fue designado como el primer Secretario General de la AEC, por un período de cuatro años. Las relaciones con el Caribe durante el gobierno «bolivariano» El contenido ideológico El gobierno «bolivariano» de Hugo Chávez promueve una expresa modificación de los contenidos ideológicos del Estado venezolano, con alta incidencia en su acción exterior, la cual además ha retomado un intenso ritmo de «diplomacia directa» y «en la cumbre». La política exterior venezolana durante el gobierno presidido por Hugo Chávez ha estado ideológicamente signada por tres elementos no del todo coherentes entre sí: la hermandad política con el «Foro de São Paulo»6, del alineamiento del Presidente con el gobierno comunista de Cuba y los aportes teóricos del sociólogo argentino Norberto Ceresole7. «La evidencia sugiere que el Jefe del Estado simpatiza con las tesis del sociólogo argentino. Así lo pone de manifiesto, por un lado, el antiyanquismo de nuestra actual política exterior, la defensa de la revolución castrista, la búsqueda de un mundo geopolíticamente ‹multipolar› (contra Estados Unidos), y la fantasiosa concepción de una ‹OTAN del Sur› para responder ante amenazas que nadie parece tener claras, y que más bien apuntan hacia la famosa unidad de los ‹ejércitos revolucionarios› en América Latina. Por otro lado, desde luego, el impacto ceresoliano se plasma en la visión de la ‹postdemocracia› plebiscitaria del caudillo- ejército-pueblo, en franca ruptura con la tradición occidental de la democracia representativa» (Romero, 2001:12). El epicentro del discurso «bolivariano» en materia de política exterior se encuentra en la promoción de la «multipolaridad»8, entendida como una estrategia que denuncia el carácter hegemónico de Estados Unidos y promociona la creación de otro u otros polos. El concepto de multipolaridad ingresó al discurso «bolivariano» desde la obra de Norberto Ceresole. Sin embargo, el concepto entendido como la propuesta de crear un polo alterno desde Suramérica, en medio de un mundo que tendería a la multipolaridad, se encuentra por lo menos desde principios de los años noventa, en la obra del sociólogo brasileño Helio Jaguaribe, cuyo pensamiento ha influido en las estrategias diplomáticas brasileñas orientadas, entre otros aspectos, a la modificación del esquema de la Organización de las Naciones Unidas. La multipolaridad, al menos en los contenidos discursivos usuales en el presidente Hugo Chávez, se ha ido transformando en una versión renovada de las propuestas de alianza Sur-Sur y de diálogo Norte-Sur ya comentadas arriba y que señalaron el rumbo de la política exterior venezolana durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al efecto, en mayo de 2001 al asumir la presidencia rotatoria del G-15, Hugo Chávez hizo un llamado para retomar el diálogo Norte-Sur. La alianza con el gobierno de Cuba9, junto al discurso izquierdista de los movimientos asociados al bolivarianismo, han agregado a la política exterior venezolana expresiones de nacionalismo socialista, de oposición a la «globalización», representada regionalmente en la concreción del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de aproximación a regímenes con líneas duras contra Estados Unidos, tales como Libia, Irak e Irán. La política exterior venezolana hacia el Caribe tuvo durante el período democrático como uno de sus propósitos, compensar la proyección cubana («el peligro cubano») sobre los pequeños países del área10. Incluso, la apertura hacia Cuba a principios de los años setenta y los programas de ayuda económica que se aplicaron a favor de ese país, se hicieron bajo el criterio de que ello facilitaría el reingreso cubano a la comunidad latinoamericana, lo que a su vez permitiría un pronto cambio político en la isla11. Con el arribo de Hugo Chávez y la aplicación de su línea ideológica, Venezuela se tornó un aliado político de Cuba en su proyección hacia el mundo. En paralelo, la ayuda económica venezolana se ha incrementado notablemente como garantía para mantener al ahora «hermano» régimen de Cuba, el cual, además, forma parte junto a Venezuela de la Asociación de Estados del Caribe. Pese al cambio ideológico, el gobierno de Hugo Chávez no ha puesto en entredicho la institucionalidad regional preexistente, y por el contrario, ha tendido a utilizar sus foros a los efectos de la difusión de su pensamiento «bolivariano». La II Reunión Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, realizada en abril de 1999 en República Dominicana, contó con la presencia de Hugo Chávez. En aquella oportunidad, Venezuela votó favorablemente la «Declaración y el Plan de Acción» de la AEC, documentos donde se desarrollaron los temas usuales de la Asociación. Posteriormente, en julio del mismo año, el Presidente venezolano asistió a la XX Cumbre Anual de Caricom. Para diciembre de 2001 está prevista la realización de la III Cumbre de la AEC, la cual tendrá como sede a Venezuela. La cooperación «bolivariana» El gobierno «bolivariano» desde el primer momento manifestó su intención de retomar el esquema diplomático hacia el Caribe basado en ayuda y cooperación. Así, durante la II Cumbre de la AEC y en la XX Reunión de Caricom, Hugo Chávez expuso su intención de ampliar la lista de países beneficiarios del Pacto de San José. Igualmente anunció la creación de la «Universidad Regional del Caribe», la cual tendría sede en Venezuela y estaría destinada a la formación de recursos humanos para la región caribeña. En señal de lo que sería su política exterior hacia la región, realizó en junio de 1999 un préstamo de emergencia por un monto de US$ 100 millones al gobierno de Leonel Fernández en República Dominicana12. Consultado por los medios de comunicación sobre dicho préstamo, el presidente Hugo Chávez afirmó: «Esa pregunta también puede hacérsela al presidente de Estados Unidos que también le ha prestado dinero a muchos países» (Otálvora, 2001:16). De esta forma, el gobierno «bolivariano» dejó establecida su disposición para utilizar recursos fiscales dentro de programas de ayuda financiera directa, emulando las acciones de los países más ricos del planeta. Como consecuencia de movimientos sísmicos en India y El Salvador en el año 2000, Venezuela realizó donaciones de 1 millón de dólares en cada caso, además de enviar personal civil y militar a El Salvador en tareas de salvamento y reconstrucción. Desde los primeros días del gobierno, la diplomacia venezolana intentó infructuosamente un cambio en la posición mejicana, país reacio al ingreso de Cuba en el Pacto de San José. Igualmente desde el primer día de gobierno, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la inminencia de acuerdos de cooperación que Venezuela suscribiría con Cuba, en materia de suministro petrolero en condiciones preferenciales, así como en asuntos tales como salud y educación. En noviembre de 2000, Hugo Chávez recibe a los mandatarios de Centroamérica y del Caribe, en una nueva versión de la reunión convocada por Carlos Andrés Pérez en 1974. El propósito de la reunión del año 2000 fue suscribir el «Acuerdo Energético de Caracas», mediante el cual Venezuela se comprometió a vender petróleo en condiciones financieras especiales a Belice, Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Grenada solicitó su ingreso al Acuerdo a los pocos días de suscrito. Luego ALGUNAS CONCLUSIONES La política exterior venezolana hacia el Caribe ha procurado diversos objetivos estratégicos, tanto económicos como referidos a la seguridad y defensa del país. En ese sentido, el interés hacia el Caribe ha sido una constante de la agenda exterior venezolana, modificándose en cuanto a intensidad e interlocutores. Durante los primeros diez años del período democrático, la acción externa hacia el Caribe tuvo un fuerte acento ideológico, de rechazo a los regímenes no democráticos, de contención a los intentos de penetración cubano-comunista en la región, luego se fue produciendo una relativa distensión del conflicto ideológico que procuraba estimular la democratización de la región, incluso en el caso cubano. El gobierno «bolivariano» ha realizado modificaciones de fondo en el tratamiento venezolano hacia el Caribe. Esencialmente, se ha producido un cambio ideológico y político como efecto de la alianza del gobierno de Hugo Chávez con el gobierno comunista de Cuba. Si durante el período 1959-1999 la acción exterior venezolana en el Caribe procuraba compensar y frenar la proyección política y militar cubana sobre el área, esa línea ha sido invertida, transformándose en una alianza política a la visión política y estratégica cubana, con apoyo financiero venezolano. En cuanto herramienta de política exterior, la cooperación económica se ha practicado en relación directa con las disponibilidades fiscales del Estado venezolano. Así, los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez son muestra de iniciativas hacia el Caribe nacidas en momentos de crecientes ingresos petroleros venezolanos. El esquema de atención diplomática al contencioso Venezuela-Guyana a partir de los años ochenta se ha mantenido inalterado, ya que todos los gobiernos han aceptado el mecanismo del Buen Oficiante designado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Un cambio ocurrido durante el gobierno «bolivariano» ha sido la declaración del petróleo como «arma política» que Venezuela aplicaría a Guyana como presión en las negociaciones territoriales. Dicha arma no ha provocado algún cambio favorable en el ánimo y la posición de la contraparte y, por el contrario, ha servido para ratificar viejas acusaciones provenientes de las élites gobernantes en el Caribe sobre pretensiones hegemónicas de Venezuela en la región. La presencia venezolana en organismos regionales caribeños no pareciera haber compensado la inclinación de los gobiernos del Caribe de apoyar a Guyana en su causa ante Venezuela. Por el contrario, la institucionalización de las relaciones multilaterales en el Caribe ha significado nuevos apoyos formales a la posición guyanesa de negarse a adelantar conversaciones concretas sobre las aspiraciones territoriales venezolanas. La estrategia guyanesa de dar largas a las negociaciones, mientras consolida acciones concretas de ejercicio soberano en la zona en reclamación, pareciera ser la situación dominante, ante la cual Venezuela pareciera no contar con opciones de respuesta. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.Ardila, Martha (1993) «La política de Colombia hacia el Caribe», Política Internacional, n° 31, Caracas. 2.Beltrán, Luis y Serbin, Andrés, coords. 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(1993) «Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo», en Venezuela moderna, Fundación Mendoza-Editorial Grijalbo, Caracas. Diccionarios, publicaciones periódicas y oficiales Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1999. Versión en CD. Diario El Nacional en http://el-nacional.terra.com.ve/ Diario El Universal en http://www.eud.com/ Diario Tal Cual en http://www.talcualdigital.com/ Revista Política Internacional (varios años) Revista Zeta Venezuela Analítica (varios años) en http://www.analitica.com The Caribbean Community (Caricom) Secretariat Home Page, en http://www.caricom.org Asociación de Estados del Caribe Home Page, en http://www.acs-aec.org República de Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Libro Amarillo (varios años). NOTAS 1 La periodización implícita en esta afirmación corresponde con los límites temporales impuestos por la vigencia de la Constitución Nacional de 1961, oficialmente vigente hasta diciembre de 1999, fecha a partir de la cual entró en vigencia la llamada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de 1961 definía un sistema de gobierno democrático representativo y responsable, mientras que la Constitución de 1999 impuso un sistema de gobierno definido como democrático-participativo. 2 El documento fue originalmente publicado por el diario El Globo de Caracas en marzo de 1992. Puede encontrarse en Garrido (2000a). Para un contraste de este documento con la posterior política exterior del gobierno bolivariano, ver Edgar C. Otálvora. «COPIAFotostática con Colombia» en El Universal, Caracas, 13 de junio de 2000. Dicho artículo puede encontrarse en www.geocities.com/otalvora (página visitada en octubre de 2001). 3 Entrevista al diplomático venezolano Demetrio Boersner, realizada por el autor en Caracas durante el mes de mayo de 2001. Boersner es el autor de Venezuela y el Caribe: presencia cambiante, libro pionero en el tratamiento del tema del Caribe desde una perspectiva venezolana. 4 El Caribbean Community and Common Market (Caricom) fue creado mediante el Tratado de Chaguaramas, suscrito por Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad-Tobago, el cual entró en vigencia el 01 de agosto de 1993. Actualmente está conformado por 15 miembros: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat (dependencia británica), San Cristóbal y San Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam. Para información sobre el Caricom, ver The Caribbean Community (Caricom) Secretariat Home Page en www.caricom.org (página visitada en mayo de 2001). 5 La AEC está conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Aruba, Antillas Neerlandesas y Francia. Para documentos constitutivos, programas, actividades, organización, ver ACS-AES Home Page en www.acs-aec.org (página consultada en mayo de 2001). 6 En julio de 1990, bajo el patrocinio del gobierno cubano y con la organización del Partido de los Trabajadores PT de Brasil, se realizó en São Paulo el «Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe». El propósito del encuentro era «realizar el intercambio de puntos de vista sobre el impacto que el fin de la bipolaridad de la segunda posguerra tendría en la lucha de los partidos y movimientos de la izquierda de América Latina y el Caribe». En este evento se decidió la creación del Foro de São Paulo, organización que nace como respuesta al llamado «Consenso de Washington», es decir, como una organización contraria al «neoliberalismo». En 1995, Hugo Chávez viajó a San Salvador para participar en la reunión anual del Foro. En dicho foro participan organizaciones legales e ilegales de izquierda del continente. En 1997 el Foro promovió la realización del II Congreso Anfictiónico Latinoamericano y del Caribe en Caracas, bajo la organización de Hugo Chávez. Entre las resoluciones de dicho evento acordaron exigir del gobierno venezolano la declaración de neutralidad en el conflicto interno colombiano. En 1999, al poco tiempo de haber tomado posesión de la Presidencia, Hugo Chávez procedió a declarar la neutralidad en el conflicto que el gobierno colombiano mantiene con fuerzas insurreccionales de las FARC y el ELN. Ambas organizaciones forman parte del Foro de São Paulo. Para información sobre el Foro de São Paulo, desde el punto de vista de sus miembros, ver: http://www.nodo50.org/hijos-madrid/articulos/forosaopaulo.htm (página consultada en junio de 2001). 7 Sobre las relaciones personales de Hugo Chávez y Norberto Ceresole, ver López, «Un seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Chávez Frías» (2000). El principal documento producido por Ceresole sobre Venezuela quizá sea Caudillo, ejército, pueblo. El modelo development, within the framework of its declared intention to promote an “alternative to the neoliberal model”. The current experience of “participative and protagonistic democracy” (since 1998) has implied evident institutional changes in the political and social spheres. However, its potential for changes in the economic sphere have been less clear, particularly during the first years of the current administration. The author offers a first approximation to the theme analyzing the relevant previsions of the 1999 Constitution, aspects of oil and industrial policy and the democratization of the means of production. Key Words: Economic Development, Bolivarian Project, Counter-Hegemony, Oil Policy, Industrial Policy, Venezuela. Esta presentación tiene como objetivo plantear ciertos aspectos de la experiencia venezolana que se relacionan con su concepción del desarrollo económico. Estos aspectos pueden servir de puntos de referencia para el debate sobre la construcción de una propuesta contrahegemónica con miras a un mejor mundo. Ya con siete años de desarrollo, con muchos episodios y procesos iniciados y avanzando, el proyecto bolivariano puede aportar luces sobre dificultades, contradicciones, temas importantes y temas que lo son menos. Vale aclarar que la propuesta bolivariana, que se desenvuelve en Venezuela desde 1999, es un proceso lleno de tensiones, contradicciones y debilidades. Lejos de mí está insinuar que sea un modelo ideal, o que esté discurriendo de manera progresiva hacia un resultado cada vez mejor, en términos de profundización de la igualdad social y la democracia. El bolivarianismo “realmente existente”, como podemos llamar a este proyecto sociopolítico, es como la vida: algo bastante complicado, con aspectos claros y oscuros, y no se corresponde en algunas dimensiones con lo que nos gustaría que fuese. Pero, sin duda, ha traído y puesto en práctica un conjunto de iniciativas, que aportan en la dirección de una propuesta contrahegemónica al modelo neoliberal y sus políticas aplicadas a América Latina en las últimas tres décadas. La propuesta bolivariana, también es necesario enfatizar, no fue ni es un proyecto acabado con claras orientaciones hacia el futuro. La alianza de fuerzas que lo respalda: organizaciones políticas de vocación popular a medio hacer, militares retirados y también las FFAA, y organizaciones populares, accedieron al gobierno nacional en 1999 más con una idea de lo que no querían que con claridad sobre qué iban a hacer. Rechazaban la retracción del Estado de sus obligaciones sociales, la privatización de los recursos estratégicos, el debilitamiento de la soberanía nacional, en algunos grupos la democracia representativa, y la corrupción. Pese a su poca claridad inicial, los primeros pasos del gobierno, expresados en el proceso constituyente y la Constitución de 1999, apuntaron a líneas de acción estratégicas que desde entonces han orientado la acción de gobierno. Éstas han proporcionado frutos interesantes. Por otra parte, la lucha hegemónica librada en Venezuela también desde 1999, que, como es sabido, ha sido intensa, polarizada y con episodios violentos, ha sido también factor crucial en la paulatina fortaleza que ha adquirido la alianza política bolivariana, así como la clarificación y/o rectificación de algunos aspectos del proyecto. A continuación, me referiré grosso modo a cómo percibo la concepción del desarrollo económico de este proyecto, y argumento cómo esa concepción está orgánicamente vinculada a la concepción del Estado y de lo social. La concepción económica: La vuelta al Estado nacional y a una industrialización desde adentro El gobierno del presidente Chávez cuando llega al poder mantiene en su primer año los compromisos con el Fondo Monetario Internacional que había adquirido el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), concentrándose en los primeros meses fundamentalmente en dos acciones (ver López Maya, 2006). Por una parte, inicia el proceso constituyente y, por otra, busca implementar cambios significativos en la política petrolera. La elaboración de una nueva Constitución a lo largo de 1999 fue un proceso muy importante para los cambios de todo tipo, incluso los económicos, que se han producido en la sociedad venezolana desde entonces. La Constitución de 1999 le dio una primera concreción al proyecto bolivariano, y el proceso de su elaboración a través de una asamblea constituyente abrió un escenario no sólo de organización y movilización popular, sino también general, pues otros sectores de la sociedad no necesariamente vinculados a los intereses populares también se organizaron y movilizaron. En términos de la economía, lo significativo de la nueva Constitución fue la reafirmación que hizo de principios y enunciados que estaban en la Constitución de 1961. La Constitución bolivariana no eliminó sino que dejó intacto el rol regulador del Estado en la vida económica del país –que estuvo vigente a lo largo del modelo de sustitución de importaciones–, reafirmó la propiedad nacional de los recursos y bienes estratégicos, en especial, de los hidrocarburos, pero también, por ejemplo, del agua. Reconoció la propiedad privada y las libertades económicas, pero al mismo tiempo reafirmó la responsabilidad del Estado para regularlas preservando el interés general. Al igual que la Constitución de 1961 estableció la responsabilidad del Estado para el fomento del desarrollo de la industria nacional, sea ella pública o privada, reafirmó su facultad para elaborar políticas comerciales y regular todos los aspectos de la esfera económica incluyendo también el desarrollo agrícola. Como novedad, reconoce la nueva Constitución formas de propiedad privada distintas a la individual, como la colectiva de las comunidades indígenas. También otorga a los trabajadores y las comunidades el derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo dedicadas a cualquier tipo de actividad económica, orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. La Constitución establece que el Estado promoverá y protegerá este tipo de asociaciones (art. 118). Como ven, no es demasiado distinta a la Constitución de 1961, pero sí es distinta al sentido común o a la cultura individualista y antiestatista que había predominado en el debate público y político en los lustros previos. En este sentido, la propuesta bolivariana anunció una voluntad política comprometida con la reconstrucción del Estado nacional. Esta perspectiva parece corroborar una propuesta teórica de Boaventura De Sousa Santos (2003), quien percibe al Estado como un lugar desde donde se puede avanzar en las luchas de los pueblos y movimientos contra el capitalismo neoliberal. Para De Sousa, igual que para Aníbal Quijano, modernidad y capitalismo no son iguales, la modernidad tiene un componente emancipatorio que impulsa la igualdad y la integración social, lo que entra en contradicción con la modernización capitalista que busca la integración social a través de la exclusión y la desigualdad. Para De Sousa Santos esa tensión se hace irresoluble en el capitalismo neoliberal y señala que el Estado capitalista, luego de las revoluciones socialistas y el establecimiento de Estados socialistas, acogió interdependencias no mercantiles en su seno como manera de resolver esta contradicción. Estas interdependencias ubicadas en las políticas sociales y en regulaciones económicas, que dieron forma al Estado de Bienestar Social, permiten avances de igualdad e integración social, aspectos que son cruciales para sostener el carácter emancipatorio de la modernidad. Por ello, sostiene, la reconstrucción del Estado de Bienestar, o del Estado Desarrollista hoy, es una estrategia de resistencia, pues permite comenzar a revertir las devastadoras consecuencias del capitalismo neoliberal, que ha excluido y vejado a millones de seres humanos. De Sousa sostiene que es solamente un primer paso, pues el Estado es problemático en su concepción actual. Sin embargo, eliminarlo es peor. Hay que reconstruirlo o construirlo, pero también hay que reinventarlo para usarlo como un arma de lucha para la igualdad y la emancipación. En esta misma línea de pensamiento, la experiencia venezolana pareciera no sólo volver sobre sus pasos y buscar reconstruir el Estado nacional –o desarrollista–, expandiendo las interdependencias no mercantiles para favorecer la igualdad y la integración social de vastas mayorías excluidas por el capitalismo, sino también pareciera volver a reeditar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), introduciendo ajustes que buscan superar algunas de las fallas que ésta tuvo, y que fueron señalados como estructurales en su momento (Sunkel y Paz, 1970). En esta especie de recapitulación del siglo XX latinoamericano, al cual nuestras sociedades se han visto compelidas debido a los efectos devastadores del neoliberalismo, pareciera quedar ahora claro que ese modelo fue enterrado en los años 70 más por el predominio de una relación de fuerzas sociopolíticas en el escenario mundial que por sus llamadas fallas estructurales. La emergente hegemonía liberal, en vez de buscar corregirlo, lo desechó y desmanteló para reconfigurar las economías según los dictámenes de la receta del capital financiero hegemónico en el último cuarto del siglo. En Venezuela, el Estado de nuevo invierte en la búsqueda de una industrialización que pueda abastecer el mercado nacional. Hay sin embargo importantes diferencias, que subrayo para con ello cerrar esta parte. Primero, la idea de la democracia “participativa y protagónica” en vez de la democracia representativa. Se entiende por aquélla una concepción sustantiva de la democracia, donde se combinan formas de participación representativa y directa en lo político, con diversas modalidades de participación individual y comunitaria en diversos ámbitos de la vida social. No sólo se trata de participación política, sino también en la esfera social y económica. En el anterior modelo de ISI el Estado proveía los servicios básicos de educación, salud, empleo, etc., en el entendido de que estas condiciones darían impulso a la condición de ciudadanía y por tanto a la inclusión. En este nuevo modelo el énfasis es totalmente opuesto, al menos en términos teóricos, pues es la participación de los ciudadanos y comunidades, en particular la participación de los excluidos, más que la acción del Estado, el eje clave para superar el problema de la exclusión o la condición de no ciudadano. Según el proyecto bolivariano, la exclusión es un problema estructural, existen vastos sectores de la población que están excluidos social, cultural y económicamente desde los tiempos coloniales. Y es éste el principal obstáculo para alcanzar el desarrollo y/o la democracia (ver las Líneas Generales del Desarrollo Social y Económico de la Nación 2001-2007). Para superar esta situación, es clave la acción de los mismos afectados, que serán responsables principales de encontrar las formas de trabajar para comenzar a solventar sus problemas. El Estado, según esta óptica, es corresponsable con estos sectores, y los “acompaña” promoviendo un “equilibrio social” a través de su acción planificadora. El Estado crea condiciones para el empoderamiento de las comunidades. El equilibrio social orienta la acción del Estado, según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007, de acuerdo a tres ejes: la democratización de la propiedad y de los medios de producción, a través de la reforma agraria y urbana, así como con políticas de impulso a la economía social; la democratización en el acceso a los derechos sociales a través de políticas de educación, salud, empleo, vivienda, todas las cuales exigen modalidades de organización popular y participación; y la apertura de todo tipo de canales sociales y políticos de participación que garanticen el derecho a la organización colectiva, movilización y otros tipos de participación directa en la gestión pública (referendos, consejos locales de participación, comités, asociaciones comunitarias, etc.). Otro ingrediente novedoso de esta propuesta de desarrollo, que la diferencia del modelo de ISI del pasado, es el énfasis puesto actualmente por el gobierno venezolano en torno a la integración de los países latinoamericanos. En efecto, uno de los problemas más señalados por los analistas sobre las fallas del modelo industrialista anterior fue su incapacidad de ampliar el mercado interno para encontrarle colocación a los bienes producidos. Las políticas de inclusión social actuales, arriba señaladas, tienen como efecto, además de un innegable ensanchamiento de la condición ciudadana, la posibilidad de proveer a más venezolanos de recursos económicos y sociales con que acceder al mercado de bienes y servicios. A ello se añaden las estrategias de integración de Venezuela con el Sur, iniciadas con la aproximación del país a Mercosur y con los convenios energéticos firmados recientemente con países de esa región del Caribe. La integración latinoamericana desde una visión integral y no estrictamente comercial, como la propuesta por el actual gobierno venezolano, amplía aún más el potencial mercado para una industrialización desde adentro, pues facilitaría la conformación creciente de una masa de consumistas para una industria localizada en la región y dirigida a las necesidades de ésta. Otro aspecto a revisar serían los pasos que se vienen adelantando en materia de ciencia e innovación tecnológica, dirigidos también a la producción de conocimiento autónomo, ajustado a los saberes y demandas de esta parte del mundo, que de adelantarse también aliviaría la dependencia tecnológica que caracterizó al modelo de ISI. La política petrolera: El nuevo rol de Pdvsa El segundo componente al que quiero hacer mención en la concepción de lo económico tiene que ver con el rol de la compañía estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Cuando se desarrolló el modelo de ISI la industria petrolera estaba en manos de corporaciones transnacionales. La relación del Estado con ellas fue de buscar constantemente extraer de las corporaciones la mayor cantidad de renta posible. Fue muy exitoso en esto (ver Mommer, 2002). Con esa renta el Estado dio impulso a la industrialización a través de créditos blandos, infraestructura, servicios sociales, entre otros recursos. Las compañías petroleras también aportaron al proceso de modernización de la sociedad, pero de manera complementaria y/o residual, alguna carretera, alguna escuela, etc. Una vez que el Estado venezolano nacionalizó en 1976 la industria, no se planteó un cambio en su relación con la compañía de la que ahora era dueño. Continuó actuando como un Estado rentista, Delta Amacuro 70,4 28,6 1,0 Distrito Capital 56,0 44,0 0,0 Falcón 57,2 42,2 0,6 Guárico 71,0 28,8 0,2 Lara 64,8 35,0 0,2 Mérida 53,8 45,8 0,4 Miranda 50,9 49,0 0,1 Monagas 61,0 38,8 0,2 Nueva Esparta 50,0 50,0 0,0 Portuguesa 72,9 26,4 0,7 Sucre 66,9 32,6 0,5 Táchira 50,6 49,1 0,3 Trujillo 66,3 33,2 0,5 Vargas 64,2 35,6 0,2 Yaracuy 60,2 39,4 0,4 Zulia 53,1 Fuente: CNE (2004a), www.cne.gov.ve. Como puede observarse, la selección hecha ilustra el comportamiento polarizado de electores de condiciones socioeconómicas opuestas. Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto son una buena muestra representativa de los más importantes centros urbanos del país. Aunque la opción del NO ganó en prácticamente todas las entidades federales del país, en algunas de las ciudades más importantes fue el SÍ el voto predominante. Tal es el caso de Caracas, Maracaibo y Valencia que aparecen en el cuadro cuadro . En Barquisimeto, también seleccionada, el NO resultó triunfador, pero en un porcentaje menor al obtenido por esa opción en todo el estado Lara. Esto muestra que el proyecto bolivariano tiene más hondo arraigo en las zonas socioeconómicas más rezagadas. Dentro de las ciudades mismas, el comportamiento electoral está también muy social, y espacialmente, determinado. El cuadro cuadro contrasta municipios o parroquias de áreas urbanas de distinta composición social. Vemos allí que mientras en los sectores de elevados ingresos la votación por el SÍ fue apabullante, llegando a alcanzar, como en un centro de la urbanización La Lagunita, en el municipio El Hatillo del sureste de Caracas, porcentajes cercanos a 95%, en sectores pobres, la proporción se invierte. En el centro Germán Rodríguez de la parroquia Antímano, en el municipio Libertador al oeste de Caracas, el voto por el NO superó 93%. Aun en ciudades como Barquisimeto, donde el NO triunfó, la diferencia de comportamiento entre los centros ubicados en sectores de ingresos medios y altos, y los localizados en barrios populares mantiene la misma tendencia. Cuadro 2 REFERENDO PRESIDENCIAL 2004 NO SI Nacional 59,1 40,6 Zona Metropolitana de Caracas 48,7 51,3 Municipio Libertador 56,0 44,0 Parroquia Antímano* 76,7 23,3 Centro Germán Rodríguez* 86,5 13,5 Parroquia San Pedro** 28,0 72,0 Centro Colegio Sta. Elvira** 24,1 75,9 Centro Iutirla** 25,3 74,7 Municipio Baruta** 20,6 79,4 Parroquia El Cafetal** 9,3 90,7 Municipio Chacao** 20,0 80,0 Municipio El Hatillo** 17,9 82,1 Centro Club La Lagunita** 5,7 94,3 Municipio Sucre 47,1 52,9 Parroquia La Dolorita* 73,1 26,9 Parroquia Leoncio Martínez** 21,8 78,2 Estado Zulia 53,1 46,6 Municipio Maracaibo (Maracaibo) 47,9 52,1 Parroquia Ildefonzo Vasquez* 67,4 32,6 Parroquia Olegario Villalobos** 26,3 73,7 Estado Carabobo 56,8 43,1 Municipio Valencia (Valencia) 47,6 52,4 Parroquia Santa Rosa* 62,0 38,0 Parroquia San José** 14,1 85,9 Estado Lara 64,8 35,0 Municipio Iribarren (Barquisimeto) 60,9 39,1 Parroquia Unión* 72,5 27,5 Parroquia Santa Rosa** Fuente: CNE (2004b), www.cne.gov.ve. Como ya señalamos, en algunos estados hubo más de dos candidatos, razón por la cual la suma de los dos porcentajes dados en el cuadro cuadro anterior no siempre da 100. Además, entre los votos válidos, base para la determinación de los porcentajes del cuadro cuadro , deben contabilizarse los nulos y los en blanco. Los resultados del Distrito Capital corresponden a los obtenidos por los candidatos Juan Barreto (chavista) y Claudio Fermín (oposición-AD) para la Alcaldía Metropolitana que constituye sólo una parte del electorado de esa alcaldía. Repitamos ahora un cuadro cuadro similar al 2, pero con resultados de las elecciones regionales. En los municipios, parroquias y centros electorales de la Zona Metropolitana de Caracas, los porcentajes de votación corresponden a las de la Alcaldía Metropolitana para que podamos compararlas directamente. En el resto del cuadro cuadro los resultados corresponden a las elecciones de gobernadores. El único estado donde los resultados en las elecciones regionales discrepan con los obtenidos en el referendo presidencial fue el estado Zulia. Allí los resultados prácticamente se invierten. Estos resultados son explicables por el fuerte liderazgo regional que ejerce el gobernador Manuel Rosales, quien iba a la reelección. Los dos resultados parecen mostrar un respaldo mayoritario en ese estado tanto al Presidente como al gobernador, aunque sean de tendencia política distinta. Puede observarse que el comportamiento electoral en las elecciones regionales es similar al observado durante el referendo de agosto. Hubo sí en esta oportunidad mayor abstención. Mientras que para el referendo la abstención nacional registrada alcanzó 30,1%, en las elecciones regionales subió a 54,3%. Diversas argumentaciones se han usado para explicar este salto. Históricamente es comprobable que en las elecciones regionales la participación de los electores es siempre menor que en elecciones presidenciales. Además, como ya mencionamos, los resultados del referendo de agosto fueron inicialmente fuertemente cuestionados por la CD, y lo continuaron siendo por grupos radicalizados de oposición. Algunos de estos grupos continuaron promoviendo activamente la abstención para las elecciones de octubre. Puede haber también contribuido a la abstención el descontento con los candidatos presentados y las formas de su selección. La abstención registrada para los comicios regionales no alcanzó, sin embargo, en general cifras alarmantes. El comportamiento polarizado observado en estos dos procesos electorales recientes no es novedoso. Desde las elecciones presidenciales de 1998, con cambios de énfasis, el comportamiento electoral de los venezolanos ha estado fuertemente determinado por la condición socioeconómica. En el cuadro cuadro siguiente podemos observar ese comportamiento en los municipios de Caracas que concentran los habitantes de mayores ingresos en varios procesos realizados desde entonces, y que son contrastantes con los resultados nacionales. Cuadro 4 ELECCIONES REGIONALES 2004 (%) CHAVISTA Zona Metropolitana de Caracas 60,3 72,7 ** 38,0 40,4 89,0 * 93,1 41,8 ** 38,0 40,4 23,6 10,1 22,2 19,0 ** 7,0 57,2 79,9 Parroquia Leoncio Martínez** 27,9 44,4 Municipio Maracaibo (Maracaibo) 40,3 Parroquia Ildefonzo Vasquez* 52,7 Parroquia Olegario Villalobos** 23,5 51,3 Municipio Valencia (Valencia) 46,3 57,8 13,2 73,6 Municipio Iribarren (Barquisimeto) 75,1 82,1 Parroquia Santa Rosa** 60,7 * Municipios, parroquias o centros donde predominan sectores populares. ** Municipios, parroquias o centros donde predominan sectores medios o altos. Fuente: CNE (2004b), www.cne.gov.ve. Los votantes de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo constituyen aproximadamente un sexto de la totalidad de la Zona Metropolitana de Caracas. En otro de los cinco municipios, Sucre, otro sexto y en Libertador, las restantes cuatro sextas partes de los votantes. Estos dos últimos municipios son más socioeconómicamente heterogéneos que los tres primeros. Pero hay que destacar que en el municipio Fuente: López Maya y L. Lander (2000a) y CNE (2000, 2004 a y b), www.cne.gov.ve. De la exclusión social a la polarización política Desde sus mismos inicios, en 1999, el gobierno de Chávez ha sido entre muchas otras cosas estigmatizado como propiciador de la división y el odio social. Pero la polarización política que hemos vivido desde la campaña electoral de 1998 es expresión de una aguda segregación socioeconómica que hunde sus raíces en procesos de muy larga data. Procesos de exclusión, similares a los padecidos por otros países de América Latina, se remontan a nuestra historia de conquista y colonización que posteriormente casi doscientos años de vida republicana no han logrado superar. En el último cuarto del siglo xx se sobrepuso a lo anterior un proceso de retracción económica y descomposición social. Para enfrentar ese deterioro socioeconómico, también a semejanza de otros países de la región, se implementaron programas de ajuste de orientación neoliberal, que no hicieron más que ahondar la brecha en la distribución de la riqueza y retrajeron al Estado en sus funciones básicas de garantizar condiciones mínimas de integración social a las mayorías de la población, profundizando la exclusión económica, social, cultural y política. A lo largo de los años 80 y 90, los venezolanos retiraron crecientemente su confianza a la democracia representativa y sus actores hegemónicos. Su incapacidad para encontrar respuestas creativas a la crisis, su creciente insensibilidad social ante el agravamiento de la exclusión de las grandes mayorías, su ensimismamiento en una realidad cada vez más reducida a sus entornos privados y privilegiados, impulsaron un rechazo de la política, y de los políticos, que dominó en el clima de esos años. Con la masacre de El Amparo de 1988 y el Caracazo de 1989, episodios que pusieron al desnudo la descomposición de la democracia, la sociedad tomó distancia frente a los partidos y los rechazó, comenzando el ciclo irreversible de su deslegitimación. En este contexto comenzaron a emerger actores y proyectos alternativos dentro del juego democrático, que expresaban, a diferencia del pasado, una lógica más de clase que pluriclasista. En 1998, luego de que el gobierno de Rafael Caldera no satisficiera las expectativas creadas, los venezolanos optaron por un cambio más radical. En diciembre le dieron el triunfo a Chávez y al Polo Patriótico, portadores de un discurso antineoliberal y populista radical, con lo cual se produjo una modificación sustantiva de la lucha hegemónica precedente, al producirse el predominio político de actores nuevos, portadores de un proyecto alternativo al que había prevalecido hasta entonces. Con la instalación del nuevo gobierno en 1999, el proyecto político "bolivariano", comienza a materializarse. Primero en la Constitución de 1999 y luego en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y otras leyes y normativas. Luego de los intentos por desarrollar en los lustros previos un proyecto político de orientación y de intereses cercanos al neoliberalismo y a factores de poder hegemónicos en el mundo, este cambio generó una reacción de aguda conflictividad política. Improvisaciones, torpezas y tendencias autoritarias del gobierno de Chávez entre 1999 y 2001 se combinaron para añadir más leña a este fuego y contribuyeron a inclinar a sectores medios y sus principales formas organizadas hacia el bloque opositor. A fines de 2001, con la exitosa realización de un primer paro cívico nacional convocado por Fedecámaras, los actores © 2010 Facultad de Ciencia economicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Reveciso. Ciudad Universitaria , Edificio FaCES-UCV. Piso 6 Oficina nª 635 o Modulo UCV, Codigo postal 1053-A Caracas, Venezuela. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales v.12 n.1 Car acas abr. 2006 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales v.12 n.1 Carac as abr. 2006 Como citar este artigo Caracterización de la política social y la política económica del actual gobierno venezolano: 1999-2004 Norbis Mujica Chirinos1 , Sorayda Rincón González2 1 Licenciada en Comunicación Social, mención periodismo impreso de La Universidad del Zulia (LUZ). Especialista en Política Social, Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cursante del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), LUZ. Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la FCES de LUZ. Acreditada al Programa de Promoción al Investigador del Conicit. Zulia-Venezuela norbismujica@intercable.net.ve 2 Socióloga, LUZ. Magíster en Planificación y Gerencia de CyT, LUZ. Doctora en Ciencias Gerenciales, Universidad Rafael Belloso Chacín. Docente de la Escuela de Sociología de LUZ. Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa de la FCES de LUZ. Acreditada al Programa de Promoción al Investigador del Conicit. Zulia-Venezuela sorarincon@hotmail.com Resumen El objetivo del presente artículo es caracterizar y periodizar los diferentes momentos por los que ha pasado la política social en Venezuela y su relación con la política económica en el actual gobierno de Hugo Chávez (1999-2004). Para realizarlo se analizan los contenidos de los documentos oficiales contrastándolos con la práctica de la política pública recogida en diversos documentos estadísticos y de la prensa diaria. Se definen cuatro momentos: el primer momento denominado “Del neoliberalismo abierto al ajuste silencioso”, el segundo “De principios y contradicciones”, el tercero “De rupturas y conspiraciones” y el último “Salto atrás”. Las conclusiones obtenidas del estudio señalan que en todos los momentos analizados se evidencian claras contradicciones e incoherencias entre el discurso oficial recogido en los documentos y la práctica de la política social y económica que se concretan en acercamientos y alejamientos de la concepción neoliberal. Palabras clave: Venezuela, política pública, política social, política económica. Characterizing the Social and Economic Polices of the Current Venezuelan Administration: 1999-2004 Abstract The aim of this article is to characterize the different moments social policy has experienced and their relationship to economic policy during the Chavez administration (1999-2004). In order to do so, the contents of key official documents are analyzed and are contrasted with the policies as implemented and reflected in the statistical information available and in the press. Four different moments are identified: the first one, “From Open Neoliberalism to Silent Adjustment”; the second, “Principles and Contradictions”; the third, “Ruptures and Conspiracies”; and, finally, “One Step Back”. The conclusions suggest that each of these moments there are evident contradictions and incoherencies between the official discourse and the effective social and economic policies, which are best understood in terms of a fluctuating tendency towards or away from neoliberal formulas. Key Words: Venezuela, Public Policies, Social Policy, Economic Policy. Introducción. Reflexiones preliminares Tradicionalmente, la formulación y análisis de las políticas sociales han estado supeditados al planteamiento técnico-político y a la consecución de los objetivos y metas de las políticas económicas; es decir, responden a un determinado modelo y estrategia de desarrollo o modelo económico que determina su orientación y praxis. En América Latina, tanto en el modelo estructuralista cepalino, y su propuesta de industrialización sustitutiva de importaciones, como en el modelo neoliberal, y su propuesta de ajuste estructural, ha prevalecido una concepción economicista según la cual el solo crecimiento económico bastaría para generar el desarrollo social necesario para superar la pobreza, lo que ha determinado la esencia de la política social aplicada. Esta posición ha sido conocida como la “Teoría del Derrame”, “Chorreo” o “Trickel Down”. El modelo desarrollista o de industrialización sustitutiva de importaciones, ensayado en América Latina antes de la crisis de los 80, sostenía la existencia de estructuras arcaicas que impedían la expansión interna del mercado, proponiendo la intervención del Estado para lograr la industrialización. Así mismo, concebían la composición de la economía mundial en dos polos: Centro y periferia, cuyas estructuras productivas disímiles –en la periferia heterogéneas y especializadas y en el centro homogéneas y diversificadas– condicionaban el tipo de intercambio comercial y de transferencia tecnológica, lo que en el largo plazo conduciría a un rezago productivo y tecnológico en la periferia y a un deterioro de los términos de intercambio. Esta postura fue conocida como la teoría de la dependencia. En este marco, nace en América Latina el “Estado de Bienestar”, en alusión al papel preponderante del Estado en la conducción de las políticas de desarrollo, y donde la política social adquirió un carácter universal, concebida como derecho de todos los ciudadanos, centrada en el acceso generalizado a beneficios y servicios sociales tendentes a crear y reforzar el capital humano que necesitaba el proceso de crecimiento de la economía. Sin embargo, aun cuando el modelo tuvo éxito relativo, permitiendo niveles de crecimiento aceptables y sostenidos durante un buen tiempo, este tipo de intervención en lo social hizo que la relación Estado-beneficiario fuera de carácter clientelar, paternalista y dependiente como vía para legitimar el sistema político, lo que hizo que el Estado benefactor degenerara en el populismo característico de las democracias latinoamericanas de las décadas de los 60, 70 y parte de los 80. Luego de la llamada crisis de la deuda externa, se comienza a aplicar el modelo neoliberal que postula la vuelta al mercado como la única manera de superar el estancamiento económico, en términos presupuestarios significó recortes importantes y reconducción en el presupuesto de gastos en general para tratar de hacer controlable el déficit. Propone también el redimensionamiento de la Administración Pública (fusión y reducción del número de ministerios)6 para elevar la calidad y efectividad del gasto, que debía afincarse en un cambio cualitativo a favor de la inversión y mayor eficiencia del gasto corriente; Así mismo, continuó con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Débito Bancario (IDB), el fortalecimiento del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) para mejorar la administración tributaria, la modificación del Impuesto sobre la Renta (ISLR), la reestructuración de las aduanas y el fortalecimiento del FIEM como mecanismo estabilizador (Coordiplan, 1999a; MPD, 2000a, 2000b). Posteriormente, hacia finales de 1999, con el repunte de los precios del petróleo7, se revierte la política fiscal, pues se pasa de una política restrictiva a una expansiva; prácticamente, en los últimos tres meses, el gasto compensa la caída acumulada en los primeros ocho, lo que en términos nominales significó una expansión de 20% aproximadamente (Mujica, 2002). En materia de deuda externa, se diseñó una estrategia de gerencia de la misma que permitiera cambiar su perfil de pagos de manera de distribuir más apropiadamente su servicio en el largo plazo para poder liberar recursos y atender las necesidades sociales (Cf. Coordiplan, 1999a; MPD, 2000b). En relación con la política monetaria, se planteó la aplicación de una política restrictiva, incorporando papeles públicos al mercado abierto para que, junto con los Títulos de Estabilización Monetaria –que se sustituyeron progresivamente–, actuaran como mecanismo de control de liquidez y equilibrio monetario (Coordiplan, 1999a; MPD, 2000a, 2000b). Con respecto a la política cambiaria asumió el sistema de bandas con una paridad central ajustada a la inflación para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y como estrategia de defensa de las reservas internacionales, política aplicada en el gobierno anterior (Coordiplan, 1999a; MPD, 2000b). Como complemento, se adelantó una política antidevaluacionista, centrando esfuerzos en la estrategia de fortalecimiento de la OPEP, y otra de coordinación Ejecutivo-Banco Central de Venezuela (BCV) en el uso de los instrumentos fiscales, monetarios y cambiarios de la política macroeconómica (MVR, 1998; Coordiplan, 1999a; MPD, 2000a, 2000b). En relación con la política social, en julio de 1999 el nuevo gobierno anuncia la ratificación de nueve de los catorce programas sociales de corte compensatorio –asistenciales de la Agenda Venezuela, a pesar de estar cuestionados por su poca efectividad social y poco alcance. Igualmente, se diseña y ejecuta el Proyecto Bolívar 2000 (PB-2000), plan cívico-militar de orientación cortoplacista que utiliza medios y recursos de la plataforma militar para intentar dar respuesta a las necesidades sociales de la población en situación de máxima exclusión social (Coordiplan, 1999b, 1999c). En relación con los recursos del área social, y en respuesta a la consolidación del ajuste fiscal y redimensionamiento de la Administración Pública, se crea el Fondo Único Social (FUS), que unifica y centraliza los aportes que estaban dispersos en diferentes organismos. Funciona como instituto autónomo, adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), y está concebido como un fondo financiero que al mismo tiempo haría el seguimiento de los programas sociales (Coordiplan, 1999a; MPD, 2000b; Alvarado, 2000). La creación del FUS y del PB-2000 contradice la voluntad de cambio expresada tanto en la propuesta electoral como en el modelo de desarrollo, donde la descentralización y la desconcentración son planteadas como vía adecuada para hacer eficaz la gestión estatal. Inclusive, desde el mismo gobierno se cuestiona la propuesta arriba mencionada (MPD, 2001a; Mujica, 2002). Así mismo, en los distintos documentos consultados para este período (MVR, 1998; Coordiplan, 1999a; MPD, 2000a, 2000b) se expresa que la nueva orientación del gasto debe dirigirse a mejorar la asignación de recursos a sectores estratégicos en el área social como salud, educación y seguridad social como una forma de trascender las acciones coyunturales y de involucrar a las políticas de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, Educación, Cultura y Deportes y del Trabajo. Sin embargo, a pesar de esta orientación, la estrategia se centró en el FUS –con sus programas compensatorios– y en el PB-2000. Es decir, más que, o además de, una política de ajuste fiscal, la acción gubernamental giró alrededor de una política de centralización de estructuras y recursos. Así, la política social en este primer período giró en torno de una acción expansiva en gasto y centralizada en estructura, lo que significó el retorno a modelos precedentes, concentrado en los grandes ministerios del área y matizado con los programas compensatorios como estrategia de intervención social y ataque a la pobreza (Mujica, 2002). Como se evidencia, en cuanto a la formación y formulación de la política existen contradicciones, más aún cuando en este primer momento se priorizó el ajuste macroeconómico y el control de la inflación, acompañados de una política social asistencial, compensatoria y focalizada, lo que choca con los principios del modelo de desarrollo propuesto. En este sentido, para algunos autores, la acción gubernamental converge con los anteriores planes económicos de ajuste estructural, incluso, hay quienes afirman que el ajuste fiscal de 1999 fue más severo que el intentado en 1989 (Machado, 2000; Castellano, 2003; Gómez, 2003). Los resultados de la aplicación de la política macroeconómica anteriormente descrita mostraron una recuperación importante en los indicadores. El comportamiento del PIB, aunque deficitario, reflejó un mejoramiento sostenido en su evolución trimestral (de 9,3% en primer trimestre a 8,9% en el segundo, a 5,9% en el tercero y a 4,5% en el cuarto), por lo que el déficit cerró en 2,8% de PIB, muy por debajo del 7,4% estimado (MPD, 2000b; Mujica, 2002). Este tipo de comportamiento económico se reflejó en un aumento de la tasa de desempleo, que alcanzó 15,3% de la fuerza de trabajo para el segundo semestre de 1999, superior a 11% registrado para el mismo período en 1998, y un incremento del empleo informal que alcanzó 52% de la población ocupada (MPD, 2000b). Sin embargo, la inflación, en términos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas, alcanzó 20%, casi 10 puntos por debajo del 29,9% registrado en 1998 (MPD, 2000b; BCV, 2000; Mujica, 2002). Es importante destacar la política de recurrir al endeudamiento interno para costear déficit y necesidades de financiamiento del gobierno, tendencia que se ha mantenido hasta hoy. Por otra parte, la balanza de pagos arrojó saldo positivo por el orden de $724 millones, con lo que se fortalecieron las reservas internacionales hasta $15.000 millones para final de año (MPD, 2000b; Mujica, 2002). Si bien se evidencia una recuperación de los principales indicadores macroeconómicos en este período, las cifras de pobreza no son alentadoras. Para 1999, según Fundacredesa (método Grafar modificado) la pobreza se ubicó en 35% de pobreza relativa y 42% de pobreza absoluta; según el Instituto Nacional de Estadística, para el primer semestre de 1999, estimaciones hechas con base en el método de ingreso o línea de pobreza, la misma se ubicó en 42,8% en el primer semestre y 42,0% en el segundo; la pobreza extrema fue de 16,6% en el primer semestre y de 16,9% para el segundo (Gómez, 2000; INE, 2003a). Segundo momento 2000-2001: De principios y contradicciones Este segundo momento lo podríamos catalogar de definiciones filosóficas y normativo- programáticas, en el sentido de que se buscan delimitar, desde el punto de vista teórico y estratégico, los principios que orientarían la acción gubernamental en el campo económico- social. Estos principios son recogidos en varios documentos, no pocas veces contradictorios, tanto entre sí como entre su contenido y la praxis de la política. Está guiado por el “Programa de Gobierno: La propuesta de Hugo Chávez para continuar la revolución” (MPD, 2000a), “Programa económico año 2000” (MPD, 2000b), el “Programa económico 2001” (MPD, 2001b) y las “Líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2001-2007” (MPD, 2001a), en primera instancia, y complementados por “La revolución social de la V República: La política social de Venezuela” (MSDS, 2000) y abarca el periodo de enero de 2000 a diciembre 2001. En términos generales, podemos afirmar que los objetivos generales de los programas económicos, particularmente de los años 2000 y 2001, que guían este momento convergen con lo planteado en los programas y planes del período anterior en cuanto al objetivo último de control de la inflación de la política macroeconómica. El énfasis otorgado al objetivo de estabilización macroeconómica en el año 1999, permitió alcanzar los resultados positivos en materia de desaceleración del ritmo inflacionario, estabilidad monetaria y cambiaria y tendencia a la baja de las tasas de interés (MPD, 2000b, 20). Los positivos resultados alcanzados en 1999 en materia de desaceleración del ritmo inflacionario, permitieron que en el año 2000 se planteara como objetivo general del programa económico, la armonización de los objetivos de reactivación económica y de la consolidación de la estabilidad macroeconómica (MPD, 2001c, 24). Las perspectivas económicas del año 2001 apuntan a un nuevo impulso en el crecimiento de la actividad económica, acompañada por una contundente reducción de la inflación, con claros síntomas de mejoramiento en todos los indicadores económicos y sociales (MPD, 2001b, 21). Estos principios orientadores, así como los contenidos en los documentos referidos en el primer momento, consiguen también concreción en las “Líneas generales del plan económico y social de la nación 2001-2007” (PESN) (MDP, 2001a), tanto en términos económicos como sociales. Un elemento significativo, vinculado con la estabilización económica que gradualmente se viene afianzando desde 1999, lo constituye tanto la neutralización de la tendencia inflacionaria que venía azotando a la economía nacional, como la recuperación de la senda del crecimiento económico (…) El Gobierno Nacional, desde sus inicios ha tenido como prioridad devolverle la dignidad a los grupos poblacionales más pobres, lo que requiere respuestas rápidas y eficientes. Para lograrlo se emprendió el Plan Bolívar 2000… (MPD, 2001a, 14). De este modo, se mantiene la misma política macroeconómica que se venía aplicando desde el inicio del mandato, con el objetivo de control de la inflación. Así mismo, la política social mantiene también los mismos parámetros, con matices importantes en cuanto a la concepción teórico-filosófica. Dentro del llamado Polo o Equilibrio Social, se plantea que la responsabilidad de la política social en el mediano y largo plazo es alcanzar la justicia social, objetivo macro que es dividido en tres subobjetivos: 1) garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa; 2) mejorar la distribución del ingreso y la riqueza; y 3) fortalecer la participación social y generar poder ciudadano en espacios públicos de decisión. La consecución de estos objetivos se lograría a través de la inclusión social como estrategia central (MPD, 2001a; Mujica y Alvarado, 2004). Como complemento, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en el documento “La revolución social de la V República: La política social de Venezuela” (MSDS, 2000), trata de establecer las premisas fundamentales sobre las que descansaría la política social en la Quinta República8. Dichas premisa son las siguientes: 1- La persona como centro de las metas de equidad y desarrollo social. 2- Igualdad de estatus entre lo económico y lo social que rompa con la tradicional separación entre ambas esferas del desarrollo. 3- Superación de la concepción economicista de la pobreza, asumiendo su multidimensionalidad cuantitativa y cualitativa. 4- Desmitificación del combate a la pobreza como de exclusiva competencia del Estado, integrando a toda la nación en la búsqueda de soluciones al problema. 5- Separación teórica y filosófica entre la lucha contra la pobreza y la política social y la política de desarrollo social. 6- Énfasis en el capital humano y capital social como postulados de la política social que lleve a trascender la racionalidad centrada en la población beneficiaria y supere, en primer lugar, la concepción pasiva de los receptores de las políticas sociales y, en segundo lugar, la actuación del Estado como paternalista. áreas sociales: 1 Seguridad Alimentaria, que involucra el Programa de Alimentación Escolar; 2 Atención Integral, que toca el Programa de Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, Sistema de Orquestas, Uniformes Escolares, Protección y Atención a la Infancia, Atención Integral en Salud a Niños de 0-14 Años, Plan de Becas; 3 Infraestructura Social, engloba las áreas de Vivienda y Hábitat, Educación, Salud y Deporte y Cultura; 4 Plan Bolívar 2002, básicamente en jornadas de asistencia humanitaria. Como puede observarse, se deja incólume la orientación de la política social y las medidas sólo se limitan a incrementar el gasto destinado a los principales programas sociales (Mujica y Alvarado, 2004; MPD, 2002b). Tomando en cuenta lo anterior, aunado al análisis de las nuevas medidas de carácter macroeconómico, podríamos afirmar que –aun cuando existe un plan nacional de desarrollo económico y social de mediano plazo– se siguen priorizando medidas cortoplacistas inscritas en la concepción clásica de la economía o concepción neoliberal –típico de los ajustes estructurales. Es importante resaltar el hecho de que las medidas en materia macroeconómica tomadas generaron una fuerte presión sobre el índice de precios al consumidor, lo que hizo al gobierno revisar las metas inflacionarias propuestas para este año. Así, la cotización del dólar y el remarcaje de productos se convirtieron el los medios para restablecer el equilibrio económico. Esta situación, alimentada por el ambiente político –hay que recordar que se venía de un paro general convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras) para el 10 de diciembre de 2001, además de los enfrentamientos políticos verbales entre gobierno y opositores–, hizo que la situación estallara en crisis el 11 de abril de 2002. Así, después de tres días de paro general, ocurre un golpe de Estado que separa al Presidente de la República por 48 horas del poder. Aun cuando éste no es el espacio para hacer análisis socio-político de los hechos ocurridos, es importante hacer la referencia, pues provoca una serie de cambios dentro de la composición del gabinete económico que hacen generar otro plan de corto plazo: “Propuesta para el consenso” (MPD, 2002c). En efecto, para mayo de 2002 el Presidente de la República sustituye al jefe del equipo económico, Jorge Giordani, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, y designa a Felipe Pérez. En el Ministerio de Finanzas designa a Tobías Nóbrega, economista que fue duro crítico del ajuste del 96, en sustitución de Nelson Merentes. De entrada, desde el punto de vista filosófico-teórico, el jefe del equipo económico trata de hacer separaciones conceptuales con su anterior colega, del cual es crítico (Pérez y Rodríguez, 2000). Propone una opción diferente a la tercerista asumida en los planes gubernamentales anteriores, a la que llama Cuarta Vía, basada en un modelo de sociedad que combina, en su aspecto económico, los dos mecanismos tradicionales de asignación de recursos, el Estado y el Mercado, y añade un tercero: La Solidaridad (Pérez, 2001; 2002)9. En este marco, el novel equipo económico busca el establecimiento de un programa económico-social de consenso que permita la creación de expectativas favorables para recuperar la senda del crecimiento, separando la economía del disenso político. Cuatro principios guían este objetivo: “1- El crecimiento está reñido con la desigualdad; 2- Crecimiento ‘desde abajo’; 3- Participación de todos los sectores del país; 4- Reconocimiento del papel fundamental de los empresarios y la clase media” (MPD, 2002c, 2). Así mismo, establecen cuatro sectores para el consenso: a- Sector académico y Gobierno; b- Sector privado (Fedecámaras, Conindustria, Venamcham; Consecomercio), trabajadores (sindicatos, CTV), comunidades de base; c- Medios de comunicación; d- Centros académicos y financieros internacionales (FMI, BM, BID, CAF, SELA) (MPD, 2002c). El nuevo programa establece medidas de corto y mediano plazo, poniendo todo el énfasis en la política fiscal. En este sentido, se busca reducir la brecha fiscal estabilizando el gasto, culminando las reformas fiscales y convirtiendo el anclaje fiscal en fundamento de la estabilidad de precios; así mismo se declara el combate a la pobreza y el desempleo protegiendo los sectores de menores ingresos (resaltado nuestro), siendo este punto donde se inserta la política social (MPD, 2002c). Con respecto a la política social, el documento contempla, en muy poco espacio, cuatro áreas de atención prioritaria a la población más vulnerable, para lo cual se cuenta con recursos garantizados por el orden de 0,4% del PIB. Las cuatro áreas son: 1- Atención Integral a la Infancia; 2- Alimentación y Nutrición; 3- Protección Social a los Adultos Mayores; y 4- Infraestructura Social Básica. Para todas las áreas, lo que se busca son sólo ampliaciones de cobertura (MPD, 2002c; Parra y Lacruz, 2003). Como puede observarse, se continúa con la misma orientación de la política social, incluso en este documento se restringe y priorizan aún más que en los programas anteriores –de este tercer momento– las áreas de atención, los programas que lo componen y las poblaciones objetivo. Para julio de 2002, el MSDS diseña el Plan Estratégico Social 2001-2007 (PES) (MSDS, 2002) como un instrumento de planificación de políticas dirigido a transformar las condiciones de vida de la población en general, garantizando, de esta manera, los derechos sociales contenidos en la Constitución. Tiene su base en los valores y principios consagrados en la carta magna de la República y en las líneas estratégicas del PDESN 2001-2007 (MSDS, 2002; Parra y Lacruz, 2003). El plan se articula en torno de tres ejes conceptuales que buscan romper con las prácticas tradicionales en los servicios sociales, a saber: Universalidad con equidad versus pobreza y focalización; brechas por inequidad versus déficit de atención; transectorialidad versus sectorialización (MSDS, 2002). Estos ejes se concretan en cuatro directrices estratégicas (MSDS, 2002): 1- Orientar las políticas públicas para responder a las necesidades sociales de calidad de vida y salud con equidad y universalidad. 2- Asumir la estrategia de calidad de vida y salud mediante la transectorialidad en función de territorios sociales, buscando la preservación y autonomía de individuos y colectividades dejando saldos organizativos y empoderamiento social. 3- Desarrollar nuevos modelos de atención que reordenen recursos, capacidades nacionales- regionales-locales y formen redes sociales. 4- Construir una nueva institucionalidad pública de lo social. Sin duda, el documento constituye un avance en la concepción de la política social, pues coloca en el centro del debate el problema de la equidad y el reconocimiento y aplicación de los derechos. Sin embargo, el estudio y análisis de los programas estudiados hasta ahora permiten evidenciar que el pensamiento estratégico plasmado en él no es tomado en cuenta a la hora del diseño y ejecución de los planes. En este sentido, puede afirmarse que el conjunto de medidas sociales contenidas en los documentos estudiados (MPD, 2002a, 2002b, 2002c) –excepto el PES (MSDS, 2002)– sólo tratan de contrarrestar los efectos de las medidas tomadas en materia cambiaria y fiscal, sin tomar en cuenta las orientaciones estratégicas y teóricas contenidas en los planes de mediano y largo plazo; o sea, se sigue con el binomio ajuste macroeconómico estructural y política social compensatoria. Es decir, las contradicciones se acentúan en cuanto a la concepción de la política (tendencia más neoestructural) y su ejecución (tendencia neoliberal), entre lo que se dice en el discurso y lo que se hace en la práctica. Es a partir de los acontecimientos de diciembre de 2002 cuando se observa un cambio en la concepción de la política social –estratégicamente más inclusiva– y la política económica –más alejada de prácticas neoliberales. En efecto, en diciembre de 2002, los grupos opositores al gobierno, agrupados alrededor de la CTV y Fedecámaras, convocan a un paro nacional, inicialmente por 24 horas. En esta oportunidad, los opositores logran paralizar gran parte de la estatal Pdvsa, por lo que el paro cívico de 24 horas, se transforma en un paro nacional indefinido que se prolonga hasta entrado el primer trimestre de 2003. En términos de cifras, el deterioro de los indicadores económicos que se arrastraban desde finales de 2001 se profundiza como consecuencia del intento de golpe de Estado de abril y paro empresarial de 2002. El PIB cae en un promedio de -9,1% para finales de 2002; la inflación pasa de 12,3% a finales de 2001 a 31,2% a finales de 2002, manteniéndose en esos niveles a comienzos de 2003, acompañado de grave desabastecimiento de alimentos y bienes básicos (Giordani, 2004). Así mismo, la fuga de capitales se incrementa: Para diciembre de 2002 las reservas se ubicaban en US$ 12.447 millones, cayendo a finales del mismo mes a US$ 11.873, lo que representa una caída de US$ 574 millones (Cadivi, 2003). Por supuesto, en este marco, los niveles de pobreza tienden a dispararse; según el INE (2003a) la pobreza pasó de 39% en el segundo semestre de 2001 a 48,6% en el segundo semestre de 2002, mientras la pobreza extrema aumentó de 14% a 21% en el mismo período. Cuarto momento 2003-2004: Salto atrás Las consecuencias del paro empresarial y petrolero se sienten con mucha mayor fuerza a comienzos de 2003, lo que hace al gobierno adoptar medidas y controles que lo hacen dar un salto atrás en ejecutorias de políticas que caracterizaron la práctica de gobiernos anteriores, como los de Luis Herrera Campíns, Jaime Lusinchi y el segundo de Rafael Caldera en su primera etapa. Para el primer trimestre el PIB sufre una caída histórica de -27,8% con una pérdida aproximada de 750.000 empleos en el lapso de un trimestre –la tasa de desocupación pasó de 16,2% en el tercer trimestre de 2002 a 19,6% en el primer trimestre de 2003 (INE, 2003b). La producción petrolera se reduce de más de 3 millones de barriles diarios en la última semana de noviembre de 2002 a sólo 176.000 barriles diarios en la segunda semana de enero de 2003 (Giordani, 2004) producto de la paralización de 75% de las operaciones de Pdvsa. Esto hizo que el Estado dejara de percibir 1,8 billones de bolívares de diciembre de 2002 a enero de 2003, producto de las pérdidas en la industria petrolera que ascendieron a US$ 3.000 millones (Cadivi, 2003). Las reservas internacionales para finales de enero de 2003 cayeron en US$ 771 millones, lo que ponía en serios problemas los compromisos de la República, pues en promedio se perdían US$ 60 millones diarios (Cadivi, 2003). La respuesta del gobierno ante tal situación fue la instauración, el 5 de febrero de 2003, de un control de cambio y de precios –a productos de consumo masivo, médicos, de aseo y servicios– para contrarrestar los efectos derivados del paro empresarial y petrolero. Así nace la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) como el organismo encargado de ejecutar la que sería de ahora en adelante la política cambiaria del gobierno. De esta manera, el ancla nominal de precios vuelve a ser la política cambiaria, lo que aunado al control de precios, sin duda, alejan la política gubernamental de prácticas neoliberales. También coincide con cambios en el gabinete económico, concretamente en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, pues sale Felipe Pérez y regresa Jorge Giordani, lo que marca definitivamente un rumbo diferente. Con este cambio, se retoma la idea de transitoriedad, pues, según Giordani (2004; 7), “la visión del desarrollo a largo plazo pasa por una fase de transición que debe restablecer el equilibrio como etapa previa a una búsqueda permanente de desarrollo nacional sostenido y sustentable”, más aún en las condiciones sociales y económicas del país para la fecha. Se aspira revertir las consecuencias del paro empresarial y petrolero con una estrategia de diversificación productiva con inclusión social basada en tres impulsores clave: La inversión pública, la inversión privada y las misiones sociales, esta última como expresión de una política social más estructural, dirigida a la inclusión de grandes masas de pobres a las actividades productivas (Giordani, 2004). En este sentido, las misiones, se convierten en el centro de lo que será la política social del gobierno. No queremos decir con esto que se abandonan los otros programas y, con ellos, las instituciones que los impulsan –por ejemplo el FUS y el PB-2000–; lo que percibimos es que se mantienen en bajo perfil, dándoles el gobierno prioridad a las acciones organizadas alrededor de aquellas. Más allá de estas consideraciones, es necesario reconocer que las mismas apuntan más a tratar de resolver el problema de la exclusión, básicamente las relacionadas con los aspectos educativos, de empleo y salud, aun cuando no se sabe a ciencia cierta qué son en realidad, si programas permanentes o proyectos transitorios. Es necesario aclarar que las misiones del proceso bolivariano no son programas de beneficencia, aunque todas benefician a los pobres. Y no se trata de que todas sean programas definitivos, aunque sí han probado en la práctica que conducen a soluciones definitivas… (Chávez, 2004, 17). por el otro la política social estructurada alrededor de las misiones sociales, que, si bien hay evidencias de que algunas conservan todavía visos de asistencialismo y focalización, son más coherentes con el objetivo de reducir la exclusión y, por ende, la pobreza, aunque las cifras hasta el año 2004 no muestran una recuperación importante11. Si bien es cierto que institucionalmente se carecía de una plataforma idónea para ejecutar políticas sociales distintas, ¿no serían acaso el resultado de estos acercamientos y alejamientos alrededor de la tendencia neoliberal? Es bueno aquí recordar cómo surgen el Fondo Único Social y el Plan Bolívar 2000. A pesar de las incoherencias, podríamos afirmar que lo que se busca, en el fondo, es el establecimiento de un modelo que armonice acumulación y distribución con intervención estatal; es decir, un sociedad de economía mixta donde el Estado juegue un papel fundamental como promotor de inversiones (Mujica, 2002; Giordani, 2004). Quizás el esfuerzo que hoy presentamos nos deje más interrogantes que certezas; sin embargo es una invitación a continuar investigando en el área y proponer salidas que apunten al objetivo de crear una sociedad más justa y equilibrada, donde la justicia social –sin exclusiones ni excluidos– y la lucha frontal en contra de las causas estructurales de la pobreza sean el núcleo orientador de una política social estructural e integral y una política económica de responsabilidad social. Bibliografia 1. Alvarado, Neritza (2000): “La importancia de la actitud de los beneficiarios en la efectividad de las políticas sociales del sector público”, ponencia presentada en el V Congreso Internacional del CLAD, tomado de: http://www.clad http://www.clad . org.ve, consulta: marzo 2001. 2. 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Pero hoy en día la polarización política y las características revolucionarias del gobierno replantean la necesidad de una atenta mirada. En este trabajo analizamos distintos casos en el plano de los discursos políticos, fundamentalmente. La conclusión es que los sectores contrarios a la política oficial tienden a usar la historia de modo tradicional. Pero el movimiento político actualmente en el poder tiene una posición revisionista radical. La negación del pasado histórico, salvo la independencia y sus héroes hasta 1830, y uno que otro caudillo de la república, elimina la historia como disciplina científica y como memoria de la nación. Palabras clave: polarización política, Venezuela, historia, discurso político. History: Uses, Myths, Demons and Revolutionary Magic Summary The use and abuse of history and of symbols of the past in politics has a strong universal tradition and Venezuela is no exception. There are many examples of this in the 200 years of national history. But the current polarization of Venezuelan politics and the government’s revolutionary posture clearly aggravate the problem. This article examines various examples of the use of history, mainly in political speeches. The conclusion is that those who oppose the government tend to use history in the traditional way. But the government’s political ideology imposes a radical revisionism of the past which effectively leads to its denial, with the exception of the heroes of the Independence and a few nineteenth-century "caudillos". This perspective, in turn, leads to the disappearance of history as a scientific discipline and as the memory of the Nation. Key Words: Political Polarization, Venezuela, History, Political Discourse. Recibido: 16-01-2005 Aceptado: 24-02-2005 INTRODUCCIÓN En pocos años se cumplirán en Venezuela, como en el resto de Hispanoamérica, doscientos años de la cadena de acontecimientos que inició el proceso de independencia, cuando nuevos actores e ideas y una extraordinaria movilización social cambiaron de significado la representación del pasado. La necesidad histórica de crear una identificación con el ideal nacional, que diera sentido al proyecto de la elite criolla, echó entonces las bases de la recreación de la memoria colectiva. A ese propósito contribuyeron los testimonios y luego las reelaboraciones, relatos, símbolos y creaciones mitificadoras, tanto las positivas que correspondían al presente y a las previsiones del futuro, como las negativas que evocaban el pasado colonial. Así se fueron moldeando los imaginarios que sedimentaron una conciencia compartida que dio por cumplida la necesidad de fabricar una cohesión nacional, el principal problema político de esa época. De modo que la cercana conmemoración bicentenaria, aunque seguramente se centrará en el homenaje a los personajes y acciones de la independencia, será también ocasión para recordar que las primeras expresiones de uso del pasado y de creación de una historia funcional en el contexto nacional datan de esa época. La historia patria, como expresión más notable del pasado convertido en objeto intelectual, sin duda podrá ser reexaminada desde la perspectiva de la función social cumplida por la primera historiografía nacional (Carrera Damas, 1988, 87-95). El tema, como se ve, no sólo no es nuevo sino que incluso es muy anterior al presente que nos ocupa. Sin embargo, en nuestros días el problema se replantea con características que hacen necesario volver a darle una atenta mirada. Pero, con todo y que en estos años tempranos del presente siglo se ha intensificado la polémica sobre problemas que tocan distintos asuntos políticos, el debate sobre los "usos políticos y simbólicos del pasado y de la historia en la Venezuela de hoy" ha sido notablemente postergado. Tal parece que es una brasa a la que pocos quieren acercarse, no obstante su excepcional papel en el discurso político de hoy. En el conflictivo desarrollo actual de los asuntos públicos analizar el tema implica poner el dedo en una llaga, tal vez abierta sobre tejido tierno. Atender la lesión requiere sumar, a la voluntad, la disposición intelectual de examinar el problema y de definir una clara concepción de los términos en que es posible un uso ético del pasado. El hecho de que hasta ahora los historiadores, con sus diversas e incluso antagónicas posiciones, hayan eludido el debate, indica cómo la polarización del presente afecta a la disciplina y a sus practicantes y las sensibilidades que despierta. La reserva en torno a la cuestión contrasta con su importancia vital para la disciplina, en tanto tiene que ver con su justificación y legitimidad. En efecto, si las distintas versiones del pasado inducen la noción de que es aceptable construir una narrativa histórica a la medida de los intereses circunstanciales de cada grupo, político, religioso, económico o cualquier otro. Y si, además, estas versiones tratan de imponerse como verdad desde posiciones de poder, entonces ¿qué papel hacen los historiadores? ¿Qué sentido tiene el estudio con rigor académico en una disciplina que se dice científica y sin embargo construye un saber que puede ser cambiado a capricho? ¿Se justifica en esas condiciones formar especialistas en la disciplina del análisis del pasado? ¿Cuántas versiones admite la historia? ¿Qué hay de la verdad histórica?, ¿y qué de la historia como memoria compartida? Y siguen las preguntas ¿es la historia una disciplina que se justifica igualmente sirviendo a dos amos: el poder político y la verdad científica?, ¿es admisible, incluso entre quienes practican la disciplina, adscribir al ideal de un saber científico en el espacio académico y suscribir y defender fuera de él una historia que intenta recrear en el pasado los antagonismos del presente? ¿Cómo afecta a la vida colectiva una historia fabricada a la medida de los intereses de una parcela política? Finalmente, como se habrá advertido, estas preguntas y algunas de las afirmaciones expresan desazón y hasta cierto dramatismo que pueden resultar incomprensibles, considerando, por una parte, que la utilización e incluso deformación del pasado con fines políticos es una práctica tan antigua que se confunde en el tiempo con la historia misma en sus dos acepciones; y, por otra, que en Venezuela el pasado ha sido siempre una cantera explotada sin reservas, y también sin muchos escrúpulos, para apoyar los más diversos argumentos políticos en función de estructuras de poder. Entonces, qué es lo que justifica hoy la necesidad de una mirada alerta sobre el tema. Para intentar una respuesta reconocemos dos premisas. Una es que el avance de un sistema de referencias de poder en sustitución del dominante hasta 1999 y el proyecto de construcción de una nueva hegemonía ha encrespado las nociones de la identificación nacional, fuertemente nutridas en la historia. La otra es que ese proyecto tiene como soporte teórico legitimador una relectura del pasado que convierte a la historia en doctrina revolucionaria y, por lo tanto, provoca su desintegración como disciplina científica y como memoria nacional compartida. Entre pasado y presente El problema nos coloca en el centro de la tensión entre dos, ¿tal vez tres?, dimensiones del tiempo: el pasado y un presente con proyección al futuro, articuladas por un intercambio utilitario que consiste en activar fragmentos del pasado en función de exigencias intelectuales y emocionales que parten de las necesidades políticas de nuestro tiempo y de las exigencias de preparación del futuro. Hay que señalar, como aclaratoria, que la posibilidad de enlazar presente y pasado, a través de la mirada que el hoy dirige al ayer, no es una deformación que ocurre en razón del propósito utilitario inherente a la idea de uso. Esa conexión distingue la naturaleza del saber historiográfico, en tanto se construye a partir de las preguntas que el historiador formula condicionado por el tiempo en el que vive. El historiador de hoy no se hace las mismas preguntas que se formulaban los historiadores de otro tiempo, y en la búsqueda de respuestas descubre nuevos significados. Pero esta resemantización, esta construcción de escrituras diferentes de la historia, que la distingue de otras disciplinas sociales, es parte de su fascinación, y también da cuenta de sus limitaciones. Precisamente, esa vinculación entre pasado y presente vuelve sinuosa la frontera entre la objetividad, una meta que exige la ciencia y que en historia muchos creen posible sólo en la lejanía temporal, y la subjetividad, como efecto aparentemente inevitable de las ataduras mentales del investigador, que son las de su tiempo. Por lo mismo, éste sigue siendo uno de los temas centrales de la epistemología de la historia. Pero el condicionamiento del saber histórico por las coordenadas del tiempo del historiador no significa que el pasado pueda ser entendido como una simple y arbitraria transferencia de los problemas y exigencias interpretativas del presente o de los distintos presentes, menos aún si son circunstanciales y partidistas, y, al revés, de los temas del pasado al presente. Si así fuera, significaría que las dos dimensiones del tiempo podrían ser entendidas como intercambiables y la historia, como disciplina científica, no existiría. Entonces lo que parece estar planteado como desafío es encontrar respuestas a un conjunto de preguntas que restarían tiempo y espacio al tema central que nos ocupa y tal vez nos colocaría en otro terreno de la discusión. Son, sin embargo, las cuestiones que importan dentro de la disciplina. ¿Cómo se plantea en el estudio de la historia la articulación entre pasado y presente? ¿De qué manera las definiciones del presente en función de las relecturas del pasado preparan el futuro? ¿Cómo afecta el papel utilitario de la historia a las exigencias del saber científico? ¿De qué manera el pasado puede satisfacer nuestra curiosidad o nuestra necesidad de búsqueda de respuestas desde y al presente sin ser desvirtuado? Si la historia es un saber útil ¿qué necesidad o necesidades satisface?, puesto que lo que tiene uso llena una necesidad. En otras palabras es útil para algo, o alguien. Por otra parte, así como es una noción admitida que no hay un pasado inmóvil, petrificado al que sólo basta con identificar, y que cada época construye o tiene nuevas lecturas del pasado, también hay que reconocer que el pasado revive a través de la universal tradición de usarlo, sobre todo con fines políticos. Y también que el uso de la historia en la política es fundamental para evitar que la historia se repliegue sobre sí misma y se fosilice como saber encerrado en la academia. Precisando el problema, el concepto de la historia como saber útil está asociado a la idea de su valor para comprender el presente. Incluso historiadores como Fernand Braudel y Marc Bloch, en la medida en que aprecian en la historia un valor como herramienta para comprender el presente, entienden que ésa es la esencia de su función social. Esto no obstante que la historia académica rechaza la idea de una historia simplificada y usable, en la tradicional visión de un pasado con valor pedagógico. Pero en una perspectiva menos rigurosamente determinada por las exigencias académicas, se admite que la historia no sólo tiene uso sino, incluso, un valor práctico si se acepta la antigua idea de la historia como formadora de virtudes ciudadanas, "la escuela del ciudadano". Desde Maquiavelo hasta Lord Acton el estudio de la historia se asocia al arte de gobernar. Ciertamente esto se apoya en la idea de que la historia en alguna medida se repite, sobre lo cual hay una notable divergencia de opiniones (Hawthorn, 1988, 13-38). Pero a la hora de la verdad, pocos discuten que la historia tiene valor para la comprensión del presente, de lo que se deriva su utilidad en las funciones públicas. A este propósito, un historiador británico llega a decir que, a diferencia de la mayoría de los otros políticos y líderes de opinión de su época, la clarividencia de Winston Churchill sobre la Alemania de los 30 se debía a su conocimiento de la historia: sabía, escribió, cuál era el rumbo político de Alemania porque "había estado allí antes", es decir había estado "allí" en el tiempo (Rowse, 1971, 19). Incluso historiadores tan respetados como Georges Duby (1988, 160) han aceptado la validez de la idea. Pero más allá de esa relativa aceptación del papel formativo de la historia en el campo de la vida pública, específicamente de la política, no hay un consenso formado sobre los usos admisibles de la historia. En Venezuela apelar a la historia con fines políticos es una tradición arraigada y particularmente fuerte que se apoya, sobre todo, en las acciones heroicas de la independencia y en sus héroes, de los que el país ha estado extraordinariamente dotado en el pasado. Mario Briceño Iragorry (1954, 617-618), a mediados del siglo xx reconocía en Venezuela una generalizada devoción por el pasado en distintos sectores de la sociedad. Escribía: "Venezuela se busca a sí misma "en el valor de las acciones de quienes forjaron la patria". Y advertía el riesgo de llegar a creer que bastan las glorias pasadas, las que tienen a Bolívar como inspiración o presencia, "para vivir el presente (…) sin sumarle nada". "Y por eso anda Bolívar metido en todo". asegurar que la justicia llegue a todos, es decir colmar esa aspiración histórica. Por lo tanto, podría entenderse que llevar la justicia al pueblo significa eliminar la razón fundamental de sus luchas, de lo que podría seguirse que, alcanzada la meta y desaparecido el combustible que mantenía encendido el conflicto, cabe entender que se apaga el motor de la historia. Podríamos así suponer que el triunfo del partido aseguraría la culminación de las luchas del pueblo venezolano y el fin de la historia. Pero esa idea, que pocos aparte de Francis Fukuyama suscribieron en su momento, resulta ajena al movimiento político en cuestión, que en esas circunstancias tampoco podría seguir existiendo. De allí que la última idea en el texto define el papel del partido en la historia y reivindica la historia misma al señalar que: "Irrumpimos [en] la historia para cambiarla". Al precisar su significado histórico en esos términos, se propone como una herramienta de cambio. Desde luego para bien, puesto que su objetivo es ampliar y consolidar la justicia para el conjunto de la población. Aquí, sin embargo, la historia deja de ser pasado para ser pensada como presente y como futuro: "Irrumpimos", en el presente, "para cambiarla", objetivo que se plantea para un futuro, previsiblemente cercano. La identificación con el cambio es, ciertamente, otro elemento común en la retórica política. Los aspirantes al poder se presentan como fuerzas favorables al cambio de la historia. Y desde el poder, hay una insistencia en presentar el contraste entre un antes y un después que viene a ser el cambio operado como resultado del ejercicio del gobierno. Pero los cambios históricos no siempre se plantean como resultado de una gestión institucional o colectiva. Históricamente, los fuertes protagonismos que han caracterizado la política venezolana inclinan la interpretación de los cambios históricos a resaltar la acción individual, a veces de manera absoluta. Los líderes de la independencia primero, y después los de la construcción nacional, caudillos, políticos de gabinete y dictadores, aparecen en más de una versión historiográfica como los solitarios actores y autores de la historia. En las seis décadas últimas, esas interpretaciones en singular tendían, sin embargo, a debilitarse por la prevalencia de los partidos políticos como fuentes de poder. Pero desde 1999 ha vuelto con renovada energía el protagonismo individual. Es apenas una muestra de la fuerza del personalismo en nuestros días, el homenaje del diario oficialista Vea (28-7-2004, 1) en la ocasión del cumpleaños de Hugo Chávez, donde se resalta, sin duda con desmesura, su papel en el "despertar de la Historia". Así, en una de sus páginas se recalca que "en los últimos 170 años ningún jefe de Estado [excepto el presidente Chávez] tuvo en sus manos la oportunidad de cambiar la historia a favor de los intereses del pueblo y de influir sobre el mejor destino de pueblos hermanos" (ibíd.). La exaltación del líder tiene aquí, sin duda, otros fines ajenos a la búsqueda o la reafirmación de consensos en favor de cambios sociales. No se pone en duda la real existencia de los cambios, ni tampoco sus bondades. En la mencionada entrega periodística, se presume que la historia deja su sueño de bella durmiente y despierta tocada por las manos del jefe de Estado. Subyace aquí la noción de que la historia obedece dócilmente a la voluntad o la especial influencia de un individuo y que sólo es historia lo que acontece de conformidad con una particular visión de las cosas. Dos especulaciones que, como veremos, tienen hoy insólita, presencia y producen una muy peculiar versión del pasado. La celebración reciente de los seis años del gobierno electo en diciembre de 1998 y de los cambios que en la visión oficial ahora remontan al golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, sirvieron para una variedad de referencias a la historia. Pero sobre todo resaltó en los discursos y en la propaganda la idea de que esas fechas representan un corte histórico, asociado al ascenso político del actual presidente, un desconocido antes del golpe de Estado que lo tuvo como líder. El balance de los seis años de gobierno arroja como resultado un país que ya cambió, se supone que para bien, por obra del proceso encabezado por Chávez. Ese resultado, supuestamente favorable, legitima retrospectivamente el 4 de febrero, como lo afirmó en Caracas en la celebración del décimo tercer aniversario del golpe de Estado el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal. En sus palabras, "la historia nos absolvió", en alusión a los muertos de entonces que, en su opinión, se justificaron por los resultados que mostraría hoy la revolución (El Universal, 5-2-2005, 1-2). En esa perspectiva, el juicio de la historia, según la tradicional imagen del tribunal de la historia que absuelve o condena, ya ha sido pronunciado favorablemente. A diferencia de la expresión más común que espera el juicio de la historia, anticipándolo favorable –cabe recordar el famoso alegato de Fidel Castro "La historia me absolverá", en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953–, los altos funcionarios venezolanos consideran que el dictamen ya se dio. Si una de las simplificaciones usuales del discurso político representa la historia como una especie de tribunal de admisión al Olimpo de los pasados ejemplarizantes, parecida simplificación observamos en acciones que buscan descontaminar el pasado de elementos, supuestamente, intrusos, ilegítimos y crueles. Así, en nombre de una relectura del pasado que proyecta la intolerancia del presente, el 12 de octubre de 2004 fue derribada y posteriormente "ahorcada" la estatua de Cristóbal Colón levantada en Caracas más de un siglo atrás (El Universal, 13-10-2004, 1-2). Quinientos años después del desembarco de Colón, la destrucción de la estatua, arrastrada y colgada posteriormente de un árbol, fue considerada por sus autores, una acción heroica dirigida a dignificar al indígena, víctima del "genocidio más grande de la humanidad", del despojo de sus tierras y de sus formas de vida pacífica (Aporrea.org, 12-10-2004). Paradójicamente, sin embargo, la destrucción de los símbolos de una historia imposible de cambiar, reivindica la concepción icónica del pasado de fuerte raíz conservadora. Esta acción, sin duda planificada, tenía ya antecedentes conocidos. Un año antes, en el programa "Aló Presidente", Rafael Alegría, líder campesino de Honduras, al responder el saludo del presidente Chávez, explica que un 12 de octubre, tres años antes "nuestros compañeros y hermanos indígenas en Honduras" habían decidido derrumbar la estatua de Colón. … los que rinden homenaje a Colón (…) un día se encontraron que ya no estaba Colón, los indígenas lo habían derrumbado y habían instalado una estatua de la Lampira [sic]1, que es nuestro héroe, que se enfrentó a los españoles (…) en este encuentro internacional [en Caracas] vamos a discutir eso, porque nunca Colón fue el héroe (…) vamos a tomar decisiones en eso… (Chávez, 12-10-2003). La visión de un mundo esencialmente bueno y justo violentado por la conquista española, que impone por siglos un sistema injusto y cruel, es otra de las representaciones que repite el esquema de la segmentación entre buenos y malos que cuenta hoy con renovada vigencia. El pensamiento oficial simplifica con ese esquema una útil explicación de la historia que permite, extrapolando, resumir en pocas palabras los problemas centrales de nuestra época. Así, el problema agrícola y la escasa capacidad productiva para atender la demanda de alimentos de la población venezolana, se explica como resultado de "todos los exabruptos [sic] imaginables" que se cometieron desde la conquista, al adoptarse la propiedad delimitada de grandes extensiones: "la injusta distribución de la tierra en América Latina es una de las fuentes principales de los graves problemas sociales del continente [sic]". La versión oficial del problema histórico del agro en un artículo periodístico reciente, da cuenta de que los españoles destruyeron la "concepción trascendental de la naturaleza" del pueblo indígena (Hernández, 20-1-2005, A-5). El axioma de la destrucción de un mundo feliz por la conquista y por la injusta distribución de la tierra sirve como simplificada y global explicación histórica para toda América Latina desde entonces hasta ahora. También es una versión con un fuerte valor de uso por su peso moral, por lo tanto, de amplia aceptación, no obstante que los estudios serios del problema revelan una realidad más compleja. De allí que pocos argumentos sean políticamente más efectivos para legitimar la posición oficial sobre los temas actuales de la seguridad alimentaria y la gran propiedad en manos privadas y, a la vez, para deslegitimar las críticas. El artículo en cuestión reitera el esquema buenos versus malos. La sociedad venezolana aparece fragmentada entre quienes comparten el proyecto revolucionario que promete resolver la injusticia y el hambre, es decir los buenos, y quienes lo adversan o critican, es decir los malos o ignorantes. En palabras de la autora, los que reclaman sólo pueden hacerlo por dos razones: por ignorancia o porque defienden "el orden de injusticia que beneficia a unos pocos y que daña a la inmensa mayoría"… (ibíd.). Otras modalidades de la historia usada con fines políticos se observaron durante el tortuoso proceso que llevó al referéndum revocatorio presidencial del 15 de agosto de 2004. En los meses previos se desarrolló un torneo de filosos discursos orales y escritos con los que se pretendía influir, convencer, alertar, alentar o desalentar la voluntad del electorado. Con ese fin, la evocación simbólica de situaciones del pasado resaltó el uso de la historia como artilugio de predicción del futuro. Los argumentos en favor y en contra del referéndum y de los dos grandes contendientes, con frecuencia recurrieron al pasado como escenario donde se demostraría alguna predicción, más bien el deseo, sobre lo que pudiera ocurrir para bien o para mal. La historia se usaba para decir "lo que pasó puede volver a pasar". La atribución de un carácter histórico crucial al acto revocatorio, fue coincidente en la campaña. El peligro de someter la revolución a una consulta popular, y una eventual derrota, preocupaba a Heinz Dieterich, asesor internacional del gobierno, que alertaba desde México sobre la "posible pérdida del poder de las fuerzas bolivarianas" (Dieterich, 10-6-2004). Recordaba con Bertold Brech que "una revolución que no sabe defenderse no es una revolución" y en esa dirección hacía algunas recomendaciones. La primera: invertir todo el dinero necesario en la preparación del acto, aunque aclaraba que en esto no insistía porque "le sobra [dinero] al Estado venezolano", en segundo lugar recomendaba emplear la mercadotecnia electoral más avanzada para asegurar el triunfo (ibíd.). Pero la recomendación que Dieterich enfatizó fue la necesidad de rechazar el argumento, expuesto por venezolanos afectos al proceso, de la singularidad histórica del proceso bolivariano y de emprender "la comprensión de sus componentes históricos" y mirarse en el espejo de experiencias anteriores derrotadas, entre las que menciona en desconcertante mezcla: "la Unidad Popular en Chile, el sandinismo en Nicaragua, el peronismo en Argentina, Joao Goulart en Brasil y la Guerra del Paraguay [sic]" (ibíd.). Sin duda, la posibilidad de una derrota en las urnas era un fantasma que nacía sobre todo del episodio de la derrota electoral del régimen sandinista. "Remember Nicaragua". Las recomendaciones de Dieterich no cayeron en saco roto. Del otro lado, para convencer a una oposición dudosa de las posibilidades del acto electoral, se recurría a la misma experiencia sandinista y a otros actos similares en países latinoamericanos, como el plebiscito chileno de 1988, con el propósito de reafirmar que la derrota del gobierno bolivariano en el referéndum no era un imposible como algunos escépticos sostenían. (Sierra, El Nacional, 11-8-2004, A-8). Otros escenarios históricos fueron recordados a la oposición como prueba de que el voto podría ser el instrumento pacífico para derrotar al régimen bolivariano (Caballero, 13-6-2004 y 20-6-2004, El Universal). Sobra decir que el pasado no funcionó aquí como escenario de predicción del futuro. Otro caso de uso de la historia en la circunstancia electoral mencionada, sirvió para poner a prueba la validez del pasado como escenario de predicción y de los símbolos históricos como mecanismos de movilización. La estrategia de la campaña oficial para derrotar la solicitud de revocación del mandato presidencial se inspiró en una vuelta al pasado en el que se identificaron los elementos para derrotar a los enemigos. El referente vino de uno de los episodios más gloriosos de la idolatría oficial: la batalla de Santa Inés, en la que las fuerzas federales al mando de Ezequiel Zamora derrotaron al ejército constitucional al ser atraído a una emboscada. Así explica Hugo Chávez en el programa "Aló Presidente" del 13 de junio de 2004: … hemos vuelto a Santa Inés, aquí donde mi general Zamora, gran líder de este pueblo hizo morder el polvo y el barro a la oligarquía venezolana, aquí los trajo y aquí los derrotó… (Chávez, 13-6-2004, AP # 193). No fue al azar la escogencia del símil. Los grupos de oposición, o la oligarquía2 nombre con que se los identifica en la terminología oficial, fueron, efectivamente, atraídos a un campo de batalla electoral que apreciaron insuficientemente y resultaron derrotados. Los nombres y las acciones militares adquirieron un poderoso valor simbólico. La campaña se denominó Batalla de Santa Inés, reafirmando así una estrategia concebida en términos militares. El mando supremo lo ejercía Chávez que dirigía el Comando Maisanta y éste controlaba a las llamadas Unidades de Batalla Electoral que trabajaban a nivel local (ibíd.). En poco tiempo se organizó la movilización de un ejército electoral gracias al empleo de recursos extraordinarios de dinero y entrega total al objetivo establecido. La drástica modificación del registro de electores y la mercadotecnia electoral cumplieron las funciones decisivas a la hora de la batalla final. Demonios y mitos menores Más que en un proyecto a futuro, que parece ser su mayor debilidad, el movimiento difusión, que contribuyen al nuevo producto. Es el caso de la supuesta amistad de Francisco de Miranda con Napoleón Bonaparte, o la leyenda de su participación en la guerra de independencia de Estados Unidos, al lado de Washington y su pretendida cercanía a los padres fundadores, una mitología cuya creación no es reciente pero su aprovechamiento en el discurso oficial que se difunde hoy en el exterior, sirve al propósito de valorar la lucha internacional por los ideales revolucionarios (Chávez, 26-1-2003). Entonces como hoy. Simón Bolívar ocupa el lugar central en el altar mayor de los héroes, una posición que es consagrada por las primeras elaboraciones historiográficas nacionales (Carrera Damas, 1988, 95). Bolívar es el símbolo y el mito nacional por excelencia, asimilado en jornadas escolares, en discursos, efemérides patrias, homenajes, rutinas institucionalizadas, ritos colectivos. Ese liderazgo se apoya no en la valoración de su verdadera significación histórica sino en la exaltación del héroe con connotaciones religiosas. El bolivarianismo se construye en el siglo xix como una religión política en la que Guzmán Blanco, y otros en el siglo xx, aspiraron a ejercer el sumo sacerdocio. Aunque la mitificación de Bolívar inevitablemente deformó su imagen no dejó de ser visto como un personaje del pasado, aunque a veces disociado del contexto en el que actuó. Siempre se lo consideró el sol de un dogma patriótico inofensivo, aunque las reservas críticas sobre el dogma nunca fueran admitidas con disposición abierta. En nuestros días, el culto ha sido sustancialmente alterado. Ahora es aprovechado para la construcción de la ideología oficial del MB. Bolívar es representado no ya como sujeto sacralizado en la tradición del siglo xix, sino como el líder revolucionario de un proyecto contrario a los intereses de una oligarquía que lo traicionó y lo expulsó de la república, igual que la oligarquía que en nuestros días se declara contraria al proyecto revolucionario de gobierno. Desde 1999 la veneración del héroe alcanza dimensiones de mito omnipresente planificado para cumplir la función de cimentar las lealtades que reclama el nuevo proyecto de poder. La historia, y sobre todo la que tiene a Bolívar como centro, es un poderoso abre puertas. El mito es hoy repotenciado para embelesar nuevamente a los venezolanos e inducir una readscripción de lealtades. Un siglo y tres cuartos después de su muerte, Bolívar es forzado a revivir en el presente su propio mito, ya no para unificar a la nación, sino para dar energía militante a una parte de ella y enfrentarla contra otra. De mito nacional pasa a ser mito revolucionario. Y de una actitud reticente frente a la crítica de los excesos del culto, se ha pasado al rechazo total que los creyentes reservan para los herejes. La revolución bolivariana es el proyecto que a partir de 1992 retoma las luchas contra la dominación oligárquica, representada ahora por la oposición política, heredera de la traición y el antibolivarianismo. Con el gobierno bolivariano de Chávez, la historia, interrumpida en 1830, se reanuda en 1999. El cambio de nombre de la nación por el de República Bolivariana de Venezuela, y el cambio del gentilicio, que Chávez impuso en la Asamblea Constituyente de 1999, refuerza esa identificación: así todo opositor al MB, es al mismo tiempo enemigo de Bolívar y por lo tanto antibolivariano, es decir antivenezolano. El MB se proclama heredero directo de Bolívar convertido en el símbolo y numen fundador de esa parcialidad. En otras palabras, el bolivarianismo –téngase en cuenta el doble significado– es el mecanismo restaurador de la verdadera historia la que finalmente reivindica a Bolívar, en tanto que su líder, Chávez, se propone a sí mismo como continuador, ¿reencarnación?, de Bolívar. Así, más que la antigua razón del vencedor que reescribe la historia se opera una apropiación, una privatización del pasado y de sus mitos y símbolos fundadores, que dejan de ser nacionales para identificarse como fundamento doctrinario de un proyecto político, de su líder y de sus seguidores. Bolívar resulta, además, un símbolo de valor inestimable por su versatilidad: militar, político, revolucionario, legislador, constituyente, inspirado orador, inteligente en el uso de la palabra, escrita o de viva voz. La Asamblea Constituyente de 1999, a la que el MB asigna nada menos que la responsabilidad de refundar la nación, abre un espacio en el que Bolívar, es decir su nombre, es usado como instrumento especioso para crear una ilusión de continuidad con su obra constituyente. En su intervención en la sesión del 5 de agosto de 1999 de la Asamblea Constituyente, Chávez invoca a Bolívar una y otra vez, en una letanía que evoca los ritos de comunicación con seres inmateriales o espirituales, hasta que finalmente aparece. Es el Bolívar de 1819, el Bolívar de Angostura, el Bolívar del poder moral, el Bolívar que reclama libertad e igualdad, el Bolívar de la Convención de Ocaña, el Bolívar traicionado y finalmente Bolívar que retorna para insuflar vida a la República Bolivariana. La invocación del Bolívar constituyente, entre todas las facetas de su personalidad, es la elección que responde a la ocasión del discurso de 1999. Veamos: Es el Bolívar de (…) La República de 1819. La que nació bajo el escudo de las armas de su mando, pero con el desarrollo pleno de la voluntad popular en el Congreso Constituyente de Angostura, hace exactamente ahora 180 años. Exactamente por estos días. … es el Bolívar de Angostura que definía las normas fundamentales de un gobierno popular más perfecto… (Chávez, 5-8-1999). Ese gobierno perfecto, que Bolívar define como aquel que proporciona al pueblo la mayor suma de seguridad social, de estabilidad política y de felicidad posible, es anunciado como resultado de la revolución que se inicia para hacer realidad hoy el proyecto bolivariano. Curiosamente, ese Bolívar revolucionario es el autor de la Constitución de 1826 que en la época fue considerada como la condensación del pensamiento conservador del Libertador. Esa es la revolución que vuelve y esa es la palabra que orienta (…) Era el Bolívar o es el Bolívar del poder moral de Angostura. Es el Bolívar que anuncia que va a volar por dentro de las próximas edades, siempre volando a la cima del Chimborazo. Esta revolución viene de allá (destacado de la autora). Es el Bolívar de 1826 (…) que allá en la cima de los Andes bolivianos, clamaba por la República, por la moral republicana (…) le clamaba al Congreso Constituyente de Bolivia, le rogaba que sembrara en las instituciones bolivianas los mecanismos idóneos para asegurarle al pueblo de Bolivia la igualdad y la libertad… La igualdad para Bolívar quedaba asegurada con la eliminación de la esclavitud de origen africano; la libertad, a su modo de ver, no corría peligro porque no existían en estas sociedades grandes poderes, iglesia o monarquía, que pudieran ahogarla. La libertad civil, "la verdadera libertad", según sus palabras, quedaba establecida con las garantías constitucionales (Constitución de 1826, Pensamiento…, 1961, 180-181). En realidad, la preocupación central de Bolívar en 1826 tenía menos que ver con la libertad y la igualdad que con la tiranía y la anarquía, dos monstruosos enemigos que recíprocamente se combaten (ibíd.). Pero en definitiva era la anarquía, el desorden, la desviación que más inquietud causaba a Bolívar (ibíd., 172). Para prevenirla, se incorporaban dos principios inequívocamente conservadores tomados de la institución monárquica: la presidencia vitalicia y el senado hereditario, además de la Cámara de los Censores con potestad política y moral (ibíd., 174). El discurso de Chávez prosigue invocando al Bolívar de sus últimos años que ve cómo avanzan fuerzas contrarias al orden constitucional fuerte que había buscado establecer. Es el Bolívar que, en la Convención de Ocaña, en su mensaje desde Bogotá, en 1828, señala, presintiendo ya, seguramente sentía como crujían las estructuras de la Tercera República, (…) y reclamaba (…) leyes inexorables!, porque la corrupción de los pueblos es el origen de la indulgencia de los tribunales… Entonces la invocación deja paso al paralelo con la situación actual: hoy como ayer. Chávez igual que Bolívar pide leyes inexorables. El Libertador pedía a los legisladores leyes fuertes para asegurar la responsabilidad de los empleados y proteger a los ciudadanos. En 1999 las "leyes inexorables" supuestamente debían actuar contra la corrupción. Hoy, ante la tempestad de corrupción, ante la podredumbre que nos rodea, yo, 180 años después, me atrevo a pedir también a ustedes, constituyentes, leyes inexorables, leyes que constituyan un verdadero imperio del derecho… Finalmente, el discurso vuelve a la cuarta república, la institución que representa la traición de la oligarquía y que en 1999 está a punto de morir con el regreso de Bolívar –el cóndor que nuevamente aletea. Hoy regresa Bolívar (¿Chávez?) y con él se levanta la Quinta República, la "República Bolivariana": Hoy, así como aquella Cuarta República nació sobre la traición a Bolívar y a la revolución de Independencia, así como esa Cuarta República nació al amparo del balazo de Berruecos y a la traición, así como esa Cuarta República nació con los aplausos de la oligarquía conservadora, así como esa Cuarta República nació con el último aliento de Santa Marta, hoy le corresponde ahora morir a la Cuarta República con el aleteo del cóndor que volvió volando de las pasadas edades. Hoy, con la llegada del pueblo, con ese retorno de Bolívar volando por estas edades de hoy, ahora le toca morir a la que nació traicionando al cóndor y enterrándolo en Santa Marta. Hoy muere la Cuarta República y se levanta la República Bolivariana (Chávez, 5-8-1999). Chávez, en consecuencia, retoma los proyectos que Bolívar no pudo desa-rrollar, así lo reiteran a lo largo de los años sus discursos pronunciados en distintas ocasiones. La filiación de sus proyectos en las ideas de Bolívar, y sobre todo en aquellas que se representan vencidas por los obstáculos de la época, se repite sin reservas ante anacronismos e inexactitudes. Uno de los episodios históricos favoritos del pensamiento de la izquierda latinoamericana, el proyecto anfictiónico de Panamá se convierte por magia verbal en el primer ensayo del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). En el mensaje anual del 14 de enero de 2005 en el Palacio Legislativo, Chávez anuncia la muerte del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) "una pretensión verdaderamente imperialista, colonialista de ponernos a competir a nosotros con economías tan poderosas como las de Estados Unidos" y el ascenso del ALBA como la respuesta a la estrategia imperialista: … hace 180 años, precisamente, desde Lima [Bolívar convocó] al Congreso Anfictiónico de Panamá. Para qué convocó Bolívar ese congreso lo sabemos, hay que recordarlo y que hay repetirlo; no fue para un ALCA, no; fue para un ALBA, fue para conformar en Suramérica y en el Caribe un bloque de naciones –decía Bolívar–, para luego negociar en condiciones de igualdad con el Norte, con el Este y con el Oeste; pero nosotros, primero aquí, en el Sur, unidos, para lograr lo que él decía, el equilibrio del universo, un mundo pluripolar… (Chávez, 14-1-2005). Desde luego, el discurso juega con una vieja representación de la fallida liga americana como supuesto frente antiimperialista. Bolívar promovió la idea de una confederación para recomponer la fragmentación del antiguo territorio colonial y contener así sus efectos debilitantes, y después de la batalla de Ayacucho, la consideró una estrategia necesaria para enfrentar las amenazas de reconquista de España. Y, si bien es verdad que Bolívar miraba con recelo hacia Estados Unidos, entonces un país agrícola, endeudado, despoblado, sin capacidad militar y con precaria unidad, no pensó en excluirlo. Asimismo, desconfiaba de Chile y de Argentina, entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, especialmente de esta última porque consideraba que: … no entrará nunca de buena fe en la confederación. Tratará de entorpecerlo y contrariarlo todo; no pondrá sino obstáculos a la marcha de la asamblea (Bolívar, 17-2-1826). Por otra parte, lejos estaba Bolívar de pensar en un frente antiimperialista, puesto que su plan, que lamentaba no haber podido mantener en secreto, era incorporar a la alianza a Gran Bretaña, entonces y por muchos años más, el único imperio con poder mundial, y así lo explicaba: La alianza de la Gran Bretaña nos dará una grande importancia y respetabilidad. A su sombra creceremos, y nos presentaremos después entre las naciones civilizadas y fuertes. Los temores de que esa nación poderosa sea el árbitro de los Bajo esta fachada, la historia, convertida en ideología, se resume a partir de las grandes coyunturas de conflicto del siglo xix: la independencia, la ruptura de la Gran Colombia y la Guerra Federal. La inspiración del bolivarianismo viene, así, de una selección del pasado al que se asocia una forma de resolver los conflictos, a través del método y el liderazgo militar unipersonal. Se destaca así otro elemento de uso del pasado: la exaltación de la charretera por sobre el liderazgo civil o por encima del significado civil de los liderazgos. La "raíz robinsoniana" que nace de Simón Rodríguez, o Samuel Robinson, como se empadronó durante su estadía en París el maestro de Simón Bolívar, es la excepción. Del pensamiento de Simón Rodríguez, se rescata el "inventamos o erramos", con referencia a la necesidad que Rodríguez observó en el siglo xix de crear o inventar proyectos adecuados a la originalidad de la América Española para evitar la alternativa de errar copiando modelos extranjeros (Rodríguez, 1990, 88). Rodríguez no se refería a cualquier error, tampoco a la idea de "inventar errando", o de crear mediante el sistema de ensayo y error, sino a aquel derivado de la adopción de modelos ajenos a la realidad hispanoamericana, que consideraba de antemano un error. Esta idea sirve al MB, distorsionándola, para explicar como un error robinsoniano, la insurrección campesina de Zamora en 1846: "Inventó los mecanismos de la insurrección campesina de 1846, para errar y volver a inventar la forma de conducir la revolución de 1858" (Garrido, 2002, 105). De igual manera, las elecciones de 1998 enmendarían el error del 4 de febrero de 1992. El proyecto político del MB se explica y se justifica a través de una visión de la historia que recrea la concepción heroica, en la que los héroes del siglo xix deben ser a la vez reivindicados, vengados, imitados y completados. Así, la revolución busca reivindicar e imitar a un héroe intelectual, Simón Rodríguez, el inspirador de la consigna de inventar para no errar. Y reivindicar, vengar y completar la obra de dos héroes político militares: Bolívar, el héroe máximo, y Zamora, el gran caudillo de la causa agraria. A estos podríamos agregar, en un altar menor, la figura del Cipriano Castro de la planta insolente. El corte adquiere un significado más contundente en el siglo xx, que en más de una ocasión ha sido aludido como "el siglo perdido". En particular es en el período de cuarenta años, que va desde 1958 a 1998, cuando se acumulan las perversiones de la "oligarquía" contra el pueblo venezolano, sometido y doblegado con rigor: la exclusión, la corrupción, la venalidad, la injusticia, la traición, la mentira, la violación de los derechos humanos, el hambre, la miseria, la destrucción del ambiente, el fraude, la venta de los recursos de la nación. Son las características que globalmente se atribuyen al pasado reciente. En esos cuarenta años (…) "terminaron de destrozar a un pueblo, de quitarle su soberanía, de ponerlo a vivir en la miseria sobre un territorio cuajado y lleno de riquezas, de petróleo, de oro, de tierras fértiles, una democracia que termina siendo tiranía" (Chávez, 12-11-2001). Así, la historia se reescribe no exactamente corrigiendo la historiografía republicana de siglo y medio que llega hasta mediados del siglo pasado y cambiando el pasado reciente, de las últimas décadas, sino borrándolo. En efecto, cuando la reescritura llega a extremos totalmente negativos tales que el pasado puede resumirse en dos o tres frases que indican que todo ha sido malo, la memoria queda borrada en un acto de magia que la revolución justifica. Sin duda, las tensiones de los últimos seis años creadas por la bipolaridad política, han dado cabida también a relecturas que resaltan la tendencia de sectores de oposición a destacar los aspectos positivos de las cuatro últimas décadas del siglo xx, atenuando los negativos, como respuesta a la visión oficial totalmente negativa. Pero la avasallante tendencia a producir giros interpretativos radicales lleva a algunos absurdos. Así, el golpe militar del 4 de febrero de 1992, sin duda una clásica intentona de derrocamiento de un gobierno electo por efectivos militares, sin participación popular, con amplio despliegue de equipo de guerra, destrucción, muertes y heridos, pasa a ser una inocente "rebelión de muchachos casi niños" o la "revolución de los niños, pues, de los soldados, de la juventud militar, de una parte de la juventud militar venezolana"… (Chávez, 5-11-2004). En tanto que el golpe de estado palaciego del 11 de abril de 2002, que produjo una retirada "negociada" del presidente, sin despliegue directo de armas de guerra sobre el gobierno, es un "golpe militar fascista", según la interpretación oficial. Igual torsión acompaña la denominación de la parodia de gobierno de escasas cuarenta y ocho horas del dirigente empresarial Pedro Carmona, autojuramentado presidente de la nación en la misma ocasión, que en la versión oficial, pasó a ser "La dictadura fascista de Carmona". La magia revolucionaria produjo la dictadura fascista más breve de la historia de la humanidad. Para concluir Los dos grandes sectores que se manifiestan en el panorama político del tiempo que corre, usan la historia como apoyo para los argumentos de la contienda política actual. Es decir que los dos recurren a la historia en función de sus intereses presentes. Pero con diferencias que reproducen la especificidad de cada sector. El cambio en las relaciones de poder desde 1998 fecunda una versión del pasado acorde con un nuevo esquema de poder, una reescritura de la historia que intenta moldear la memoria colectiva a imagen y semejanza de las luchas y los personajes del momento actual. En esta versión se resaltan las coyunturas de conflicto: la invasión europea, la conquista, la independencia, la ruptura de la Gran Colombia, la guerra federal, el enfrentamiento de Cipriano Castro con las potencias extranjeras, y los protagonistas individuales que corresponden a cada momento. Se modela de este modo un imaginario que forma una matriz en la que van encajando las diferentes piezas del pasado y del presente, agrupadas en dos grandes bloques de valor opuesto: una corresponde a una historia ilegítima, innoble, antipopular que es expresión de antivalores como la traición: es la historia de los personajes y acciones de la oligarquía, cuya definición se construye por oposición a la otra historia. Esta historia es pocas veces referida, sólo aludida. Desaparece como historia y queda sólo como fuente en la que abreva el rechazo, también el odio, al sector de la sociedad que hoy representa aquella historia: los oligarcas de nuestros días. En la otra historia, se sitúan los héroes buenos y nobles, personajes de arraigo popular que ofrecen su vida en sacrificio por un ideal que queda trunco. En resumen es la historia entendida en dos tonos: blanco y negro, en clave maniquea. Pero no es sólo una versión del pasado lo que surge de esto. En la medida en que el pasado es un escenario de luchas inconclusas, esto permite que se retome esa lucha bajo la conducción de un nuevo héroe que asume la tarea de completar la obra de los héroes históricos. En esta visión dicotómica, la versión oficial del pasado se usa como instrumento, como palanca para inducir imaginarios que cumplen una múltiple función: legitiman la acción presente, sirven de acoplado ideológico al proyecto político del MB, con lo que se produce una especie de privatización de la historia, y, a la vez, dan vigor a los nuevos actores. En suma, el pasado deja de ser historia para ser ideología de una parcialidad. Podemos afirmar, de una vez, que no hay en el discurso político del siglo xx otro que haya hecho uso de la historia en la medida y desmedida que el discurso bolivariano. Para el historiador, frente al dilema de ser portavoz de una versión de la historia con la finalidad de acomodarla o acoplarla a necesidades políticas surgidas en el presente o construir un discurso histórico ajustado a los cánones de la disciplina que puede ser útil al presente, hay sólo una respuesta: su compromiso ético con las exigencias del oficio. En otras palabras, el compromiso moral del historiador con la verdad. Pero ¿de qué verdad hablamos?, en una disciplina que admite que sus verdades pueden revisarse periódicamente, que no parece tener defensas efectivas que contrarresten los usos indebidos, el anacronismo, el abuso, y la deformación del conocimiento, ¿cuál es la tabla de salvación que tiene el historiador? La única es la que resulta del respeto a la evidencia que, en términos de las exigencias del oficio, significa: apego al análisis crítico de las fuentes, al espíritu de trabajo para agotar la búsqueda y la consulta de las fuentes y especialmente de aquellas que contraríen su percepción del problema, a las exigencias del método histórico y a los límites de la interpretación, significa disposición de vencer prejuicios y de aceptar con valentía que la evidencia puede hacernos cambiar nuestra hipótesis y cambiar nuestra visión preconcebida de la historia. Y, sobre todo, significa tener conciencia de que hay algo que le está vedado al historiador: contribuir a que la historia se use como camouflage del presente (Ortega y Gasset, 1959, 201). REFERENCIAS 1. Asamblea Popular Revolucionaria (2004): Tomado de: www.aporrea.org, 12 de octubre. 2. 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Por otro lado, al relanzar los CC en 2006, el Presidente les asignó un rol protagónico en lo que denominó el “quinto motor de la revolución” para llegar al socialismo del siglo XXI. Las cifras oficiales estiman que para mediados de 2007 existían unos dieciocho mil (18.000) CC; no obstante, la cifra dada el 2 de agosto de 2007 por el presidente Chávez en el Tercer Gabinete Móvil sobre “La Explosión del Poder Popular”, celebrado en Caracas con motivo de la IV Cumbre Social por la Integración de Latinoamérica y del Caribe, fue de veintiséis mil (26.000) CC2. Según información de la Alcaldía Mayor, para junio de 2007 en los cinco municipios que componen el Distrito Metropolitano existían 599 CC registrados ante esta instancia institucional; éstos estaban distribuidos de la siguiente manera: Sucre 148 (24,7%), Baruta 34 (5,7%), El Hatillo 30 (5,0%), Chacao 7 (1,2%) y Libertador 380 (63,4%). Con base en estas cifras, los CC constituirían hoy en día la organización social de base popular con mayor número de miembros. Antes de que el presidente Chávez llegara al poder en 1999, algunas gobernaciones y alcaldías promovieron desde el Fides instancias organizativas semejantes a los CC. Sin embargo, en la Constitución de 1999 no existe el término “poder comunal” ni consejos comunales, aunque existen varios artículos que les sirven de sustento3. Aparecen adscritos originalmente al poder local municipal; es decir, a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) que se crean a partir de la promulgación de la Ley de los CLPP en el año 2002. Los primeros CC impulsados por los CLPP se constituyeron en el año 2003 en varias ciudades de Venezuela, pero su perfil fue bajo y tendieron a politizarse (González Maregot). Reaparecen en las discusiones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) sancionada en 2005. Desde sus inicios y hasta la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales (2006), los CC estaban vinculados con la representación al nivel local o municipal; es decir con los CLPP y con Loppm. Sin embargo, la Ley de Los Consejos Comunales de 2006 si bien los legitimó como propuesta organizativa, terminó adscribiéndoles a las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los niveles nacionales, estadal y local, aun cuando en la reforma a la Ley de los CLPP, de diciembre de 2006, de nuevo se les vincula con la instancia municipal a través de la elección de representantes a los CLPP. Como resultado de este cambiante marco legal, en la actualidad existen solapamientos y conflictos vinculados con su adscripción presidencial y municipal. Mediante esta figura se incorpora la posibilidad de que los ciudadanos participen directamente en la gestión de las políticas públicas y tomen decisiones en la solución de los principales problemas que los afectan; se les permite administrar de manera directa los recursos públicos en la ejecución directa de los proyectos comunitarios. La Ley de los CC los define de la manera siguiente: Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas publicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social”( art. 2). Además de haber surgido de arriba hacia abajo, los CC fueron adscritos a la Comisión Presidencial del Poder Popular que se creó con este fin4. Dada la relevancia que tienen en el proyecto sociopolítico del presidente Chávez, su activación ha traído como consecuencia que la participación popular para la gestión comunitaria en los sectores populares haya tendido a desplazarse hacia esta nueva figura de los CC: de hecho, contemplan la posibilidad de incorporar en su seno a través de comités a las otras instancias organizativas existentes en los espacios comunitarios de los sectores populares tales como los Comités de Tierra Urbana (CTU), las Mesas Técnicas de Agua, las Mesas Técnicas de Energía, los Comités de Salud, Deporte, Cultura y las cooperativas de servicios entre otras. Además al proponerse como la instancia de organización comunitaria legitimada en la Ley los CC también tienden a desplazar a las organizaciones ciudadanas que existen en las urbanizaciones de la clase media y alta tales como las Asambleas de Ciudadanos (AC) y las Asociaciones de Vecinos (AV). Estos desplazamientos podrían atentar contra el pluralismo organizativo. Sus funciones y competencias fueran ampliadas con respecto a las figuras organizativas que le precedieron. Además de definir y jerarquizar las necesidades básicas de la comunidad, funciones que anteriormente habían sido asignadas a instancias organizativas como los círculos bolivarianos y los CTU de los cuales se hablará mas adelante, a los CC se les asignó las novedosas funciones de ejecutar directamente los recursos económicos que les transfiera el Estado central y ejercer la contraloría social de tales recursos. Desde el punto de vista técnico, se les vislumbra como los medios para lograr lo que en términos de la planificación se han denominado “planes estratégicos o participativos a escala microlocal”. Los documentos y la normativa legal que han servido para promover a los CC los vislumbran como los protagonistas del poder popular pues a través de ellos debe ejercerse la soberanía del “pueblo”, al que se considera como el sujeto histórico del proyecto sociopolítico del presidente Chávez. Se asume que en este tipo de organizaciones populares, se expresa el sujeto histórico del proyecto político popular y que los CC sirven para el aprendizaje y la socialización de sus miembros en nuevas formas de relacionarse en lo social, en lo económico o la producción y en lo político o los procesos de toma de decisiones. Los CC han sido bienvenidos por parte de las organizaciones sociales populares que se sienten protagonistas del proceso de participación en las políticas públicas y ven en esta figura la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sobre todo, de resolver las deficiencias de vivienda y servicios comunales que existen en los barrios populares. Algunas de las organizaciones populares que se constituyeron a partir de las preexistentes, consideran que además de gestionar los servicios comunitarios, los CC son la piedra angular para construir el poder popular y hacer las transformaciones necesarias para concretar la revolución bolivariana y, así, arribar al socialismo del siglo XXI, a pesar de que hasta el momento estos conceptos son sumamente vagos y vacíos de contenido. Los miembros de la clase media que se interesan en los CC opinan que éstos no son realmente una instancia de participación ciudadana que beneficie el proceso de descentralización y, por el contrario, piensan que éstos pudieran contribuir al desmantelamiento de la institucionalidad local del municipio y de las parroquias; destacan también que pueden ser un mecanismo para el control político a nivel local. Sin embargo, una parte de la clase media vio en ellos el mecanismo para recuperar los espacios locales tradicionalmente defendidos por las asociaciones de vecinos y decidió incorporarse al proceso de constituirlos, aunque lo ha hecho más lentamente que los sectores populares5. La actividad principal de los CC, tanto de los sectores populares como de la clase media, ha sido la formulación de proyectos que beneficien a su ámbito territorial con el fin de recibir los recursos que ofrece el gobierno. Desde la oposición política el, incluso, desde algunos de los voceros pro gubernamentales, se ha puesto en tela de juicio el manejo directo de los recursos otorgados por el Estado porque ello pudiera estimular el clientelismo y prestarse para la corrupción ya que no existe ni la experiencia ni la necesaria independencia de la función de contraloría social, la cual es realizada por los propios miembros de los CC. También se ha cuestionado su pretendida autonomía y se duda de su capacidad para incluir a todos los ciudadanos independientemente de su clase social. ¿Cuál de estas dos percepciones sobre los CC, las cuales resultan en ocasiones contradictorias, es la correcta? ¿Son los CC, tal como lo señala el presidente Chávez, espacios para el ejercicio real de las soberanía popular?; es decir, ¿se trata de espacios de redistribución y descentralización del poder o, por el contrario, son espacios de tutelaje y clientelismo político? ¿Espacios para la democratización o espacios para el populismo? ¿Espacios autónomos o espacios para-estatales? Dentro del contexto y tendencia recentralizadora que el gobierno ha desplegado en los últimos tiempos, ¿contribuyen estos CC a la descentralización regional y local o son instancias que obstaculizan la existencia de las gobernaciones, alcaldías y juntas parroquiales? Dada la elevada polarización social e ideológica existentes, ¿los CC sirven para la inclusión o pueden servir para discriminar a aquellas personas que no coincidan con el proyecto del presidente Chávez?; ¿se trata de espacios polarizados social y geográficamente o de espacios de integración? En el caso de que existan diferencias ideológicas y sociales en el mismo territorio asignado a un CC, ¿reproducen éstos las diferencias y los conflictos de clase social existentes o por el contrario, sirven para construir el interés colectivo de forma pluralista? Dado el ámbito microlocal en que actúan y el hecho que reciben financiamiento directo del nivel central, ¿cómo se garantiza su autonomía? y ¿cómo lograr una visión general que trascienda la escala microlocal de los CC y permita la gestión participativa a nivel regional y nacional? ¿Substituyen estos CC, elegidos mediante asambleas populares, a los poderes locales elegidos directamente por todos los electores en lugar de complementarlos? Finalmente, ¿son éstas las organizaciones más idóneas para lograr la democracia participativa políticas, la mayoría de las cuales han sido promovidas desde el gobierno. Estas organizaciones unas veces conviven y se complementan entre ellas y otras se confrontan y solapan en sus funciones y ámbitos territoriales. Entre las primeras figuras creadas para la participación social y política a nivel local se encuentran los círculos bolivarianos (CB) creados por decreto del Presidente (Hawkins y Hansen, 2006). A los CB se les asignó muchas de las funciones de los comités o juntas de vecinos de los sectores populares y han tenido presencia fundamentalmente en estos sectores siendo vistos por la clase media como organizaciones políticas adeptas a Chávez. En la oportunidad del referendo revocatorio presidencial y de las elecciones, los CB fueron penetrados por los partidos políticos, en particular por el Movimiento Quinta República (MVR). Como consecuencia, los CB tendieron a abandonar sus funciones primarias para las cuales fueron creados y se transformaron en organizaciones parapolíticas incorporándose a las Unidades de Batalla Electoral y a otras figuras las cuales tuvieron como objetivo la búsqueda de adeptos al presidente Chávez con motivo del refererendo de 2005 y de las elecciones políticas de 2005 y 2006. Otra de las instancias de participación social y política8 fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). En éstos se plasmó una visión descentralizadora del poder local, se combinaron los principios de representación y participación y se legitimó la participación de la pluralidad de organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal (Bastidas, 2007). La participación de las organizaciones sociales en estos consejos reviste una gran importancia sobre todo en el proceso de decisión del presupuesto municipal. Como consecuencia del escenario polarizado que ha signado la puesta en marcha de los CLPP, muchos de los alcaldes y concejales, tanto de la oposición como oficialistas, que se sintieron amenazados en sus funciones, pusieron trabas para su conformación o nombraron a dedo a los miembros de los CLPP. Esto ha traído como consecuencia la penetración de los CC por el partido o gobierno local de turno. Con la llegada de los CC, los CLPP se sienten amenazados y podrían ser desplazados por éstos debido a que muchas de sus funciones han sido asignadas a los CC. Algunas de las asociaciones de vecinos de las clases medias y media altas continuaron activas como formas de organización social del entorno comunitario aún después que Chávez asumió la Presidencia. De nuevo, dentro de la aguda polarización social, política y espacial (García-Guadilla, 2007, 2005), las profundas diferencias y la fuerte oposición al Presidente que tuvieron muchos de los miembros de este estrato social llevaron a las asociaciones de vecinos a buscar una figura constitucional con mayor potencialidad política para expresar sus desacuerdos. Desde fines de 2001, cuando se inician los conflictos entre la oposición política y el presidente Chávez, en las urbanizaciones de clase media se comenzaron a promover las asambleas de ciudadanos (AC) como una instancia de participación socio-política9 con rango constitucional. A pesar que se conformaron a partir de las asociaciones de vecinos existentes en las urbanizaciones, las AC transcendieron el objetivo y el ámbito espacial de las antiguas asociaciones de vecinos y se asociaron a los partidos políticos de la oposición a lo largo del conflicto de 2002 al 2005, siendo utilizadas por éstos como la forma organizativa para “salir de Chávez” (García, 2006). Las AC, que se conformaron en los espacios de las urbanizaciones de clase media de las ciudades más populosas, como respuesta al conflicto con el Presidente, se politizaron al adscribirse a los intereses de la Coordinadora Democrática a lo largo de los conflictos que se expresaron en la huelga general de la oposición política y del referéndum revocatorio de 2004. Esta coordinadora reunía, además de a las organizaciones sociales de la oposición, a los partidos políticos y a organizaciones corporativistas como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los cuales también estaban enfrentados con el Presidente. Dada la identificación de las AC con las clases medias y altas, esta figura organizativa apenas fue usada por sectores populares. Con la creación de los Comités de Tierra Urbana primero y de los CC, por parte del presidente Chávez, la AC se transformó de una “figura organizativa” con base constitucional a un “mecanismo o medio” para constituir y tomar decisiones en otras instancias organizativas, plasmándose ello en la normativa legal vigente sobre estas dos figuras. “Por ello, después de perder el referéndum revocatorio en agosto de 2004 y ante la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana10 que normara a las AC como instancia organizativa, las AC tendieron a desactivarse distanciándose de los partidos políticos a los que culparon del fracaso11 y regresando a defender sus espacios vecinales. Los Comités de Tierra Urbana (CTU) se constituyeron por Decreto Presidencial con el objetivo de participar en la resolución de los problemas del hábitat (Contreras, 2005, 2006). El ámbito geográfico de los CTU es local, se circunscriben a los sectores populares. Aunque tienen funciones específicas, algunas de sus funciones son semejantes a las de los antiguos comités y juntas de vecinos y a las de los CB. Para el año 2006, el número de CTU se contabilizó en más de seis mil pero al igual que con los CLPP, los CTU han tendido a ser desplazados como figura organizativa para la democracia participativa con la entrada en vigencia en el año 2006 de la Ley de los Consejos Comunales (LCC) y el auge de éstos. Por otro lado, la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Chávez el 15 de agosto de 2007 y rechazada en referendo el 2 de diciembre de ese mismo año, fundamentaba el Poder Popular en los CC y en sus instancias relacionadas como la comunidad y la comuna12. Algunos CTU, sobre todo aquellos que desean mantenerse como movimiento social, han cuestionado la existencia de los CC aduciendo que el otorgamiento de recursos que el Estado transfiere a los CC les hace vulnerables a la cooptación y pudiera llevarles a perder autonomía (Asamblea Metropolitana de CTU, 2004; Giuffrida y Salcedo, 2005; García- Guadilla, 2006). Es preciso recordar que, a pesar de haber sido creados por decreto presidencial, los CTU son las organizaciones sociales con mayor potencial de autonomía; no obstante, durante el referendo y las elecciones presidenciales, los CTU fueron, al igual que los CB, penetrados políticamente y movilizados temporalmente como Unidades de Batalla Electoral; sin embargo, una vez que terminaron estos procesos, regresaron a sus espacios organizativos lo que no ocurrió, por ejemplo, con los CB (García- Guadilla, 2006). El pluralismo organizativo propuesto por el gobierno para concretar la democracia participativa también incluye organizaciones comunitarias para el mejoramiento de los servicios puntuales tales como las Mesas Técnicas de Agua y las Mesas de Energía (Lacabana y Cariola, 2005; Arconada, 2005; Antillano, 2005), así como el estímulo a las formas asociativas ya existentes tales como los Comités de Salud. La Constitución Bolivariana de 1999 y el surgimiento de nuevas formas organizativas para promover la participación ciudadana no cambiaron las diferencias existentes en la composición por clase social de las organizaciones sociales comunitarias, las cuales reflejan intereses y necesidades asociados con la clase de pertenencia: mientras que los sectores populares tendieron a organizarse alrededor de los CTU y/o de otras organizaciones comunitarias preexistentes, las urbanizaciones de clase media lo hicieron, primero, alrededor de las AV y a partir de 2002, alrededor de las AC. Por otro lado, la creación de algunas de las instancias de participación de los sectores populares posteriores a la Constitución de 1999 y que antecedieron a los CC, tales como los círculos bolivarianos, los CTU y las Mesas Técnicas del Agua entre otras, tuvo al menos dos objetivos: uno explicito que fue la organización de estos sectores para dar respuesta a las múltiples demandas vinculadas con la sobrevivencia y servicios básicos y sociales, y uno implícito que fue la necesidad de contar con una base de apoyo político organizada distinta de los partidos políticos. 2. La praxis de los CC: alcances y límites 1. Clase social y polarización política Los CC surgidos al amparo de la Constitución de 1999 no escapan a las diferencias de clase y a la fuerte polarización espacial y social existente en las organizaciones ciudadanas a la que se sumó la polarización político- ideológica. Tampoco han escapado a los intentos de cooptación política, bien sea por parte del gobierno de turno en el caso de los sectores populares o de los partidos políticos de la oposición, en el caso de las clases medias y medias altas. Fueron las organizaciones sociales preexistentes en sectores populares y en urbanizaciones de clase media tales como los CTU, Comités de Salud, las AV y las AC la base para conformar los CC. Por ejemplo, en Bucarito, sector popular del municipio Baruta, los CTU sirvieron de apoyo constante para la conformación del CC Bucarito en julio de 2006 y, una vez constituido, las demás organizaciones existentes tales como los Comités de Salud, las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Seguridad, se transformaron en comités dependientes de los CC. De la misma forma, en las urbanizaciones de clase media de Santa Rosa de Lima, Santa Fe o El Cafetal, la comunidad se organizó alrededor de las AC. A diferencia de los CTU que estuvieron orientados hacia los sectores populares, los CC fueron propuestos como mecanismo participativo para todos los niveles sociales; sin embargo, las desigualdades socioeconómicas y en la dotación de los servicios básicos y de infraestructura que existen entre los barrios populares y las urbanizaciones de clase media y alta, hacen que los sectores populares hayan sido los más activos en su conformación por ser los más beneficiados. No obstante, después de Al igual que los CC de la clase media, la mayoría de los CC de los sectores populares definen los objetivos como “técnicos” y no políticos lo cual favorece su desmovilización, logren o no los objetivos. Sin embargo, al interior de estos CC también existe un debate entre mantenerlos como espacios para ejecutar recursos o como espacios para construir el poder popular. Al respecto, en las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de los Consejos Comunales (2007), de los sectores populares, realizado en Caracas se alerta sobre “la peligrosa tendencia de asumir los consejos comunales como simples planificadores y ejecutores de obras, castrando su potencial real de constructor de la nueva sociedad y el nuevo estado comunal”. De acuerdo con el discurso presidencial y la normativa vigente, los CC son espacios de empoderamiento por ser el medio privilegiado para construir el Quinto Poder, es decir, el poder popular. Sin embargo, a pesar que la percepción desde algunos CC sea de empoderamiento, el énfasis desde el gobierno ha sido en crear CC, es decir, en el número o cantidad más que en el empoderamiento de dichos sectores (Denis, 2001). En síntesis, se pueden definir dos tendencias con respecto a la percepción sobre el empoderamiento: una de carácter técnico-clientelar y otra de empoderamiento. La tendencia técnico-clientelar, que es mayoritaria, se expresa en aquellos CC que se autoperciben como una correa de transmisión para el otorgamiento de recursos del gobierno. La visión del empoderamiento está representada por aquellos CC que se constituyeron a partir de organizaciones sociales preexistentes, se autodefinen como movimiento popular y perciben a los CC como los instrumentos del poder popular y el medio para lograr las transformaciones sociales. Con respecto a la visión clientelar de los CC, tanto en los sectores populares como en las urbanizaciones de clase media, la expectativa de los CC es la de satisfacer demandas puntuales de carácter individual tales como “arreglarme el rancho” (Entrevistas, 2007). En algunos sectores populares de alta densidad como Las Lomas y El Naranjal en Las Minas, los CC se comportan como juntas de condominio, ya que definen problemáticas muy puntuales y restringidas a actividades tales como “pintar el edificio” (Entrevistas, 2007). No se reconocen intereses comunes porque cada sector define sus necesidades más inmediatas, las cuales frecuentemente se perciben de forma individual como, por ejemplo, “arreglar mi rancho” (Entrevistas, 2007). La percepción de problemas puntuales a veces en un mismo espacio geográfico hace que se definan diferentes prioridades lo que dificulta la integración o federación de los CC para delimitar una “comunidad”. Por ejemplo la definición de prioridades del sector de Sisipa no se vincula con las del sector La Mata a pesar de que son parte de un mismo ámbito geográfico o comunidad. Existe un grupo reducido de CC que provienen de algunos de los movimientos sociales de base popular que existían antes de la llegada del presidente Chávez y que se han reconfigurado de una manera autónoma alrededor de instancias tales como el Frente Nacional Comunal y Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora o las radios comunitarias entre otras. Estos grupos que se autodefinen como movimientos sociales populares, propugnan la visión de empoderamiento de los CC y su objetivo es convertirse en el Poder popular para supuestamente construir “el socialismo del siglo XXI”. Una de las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales realizado en Caracas en marzo de 2007 destaca lo siguiente: Compartimos con el compañero presidente, comandante Hugo Chávez Frías que por primera vez en toda la historia de la república el poder real se pone en manos del pueblo mediante la explosión del poder comunal. Consideramos que dado el desarrollo de las contradicciones de clase que atraviesan el gobierno y el proceso mismo, el camino correcto que tenemos como pueblo combatiente es construir una corriente revolucionaria de base y autónoma que acompañe concientemente al Presidente en toda iniciativa tendiente a construir el socialismo bolivariano y derrotar al reformismo y la contrarrevolución. Creemos como consejos comunales que la vía más expedita para construir el estado comunal es asumir el poder, a partir del ámbito local, desde una perspectiva económica, político, militar, cultural y social; por ello, debemos actuar en bloque, dotándonos de niveles superiores de organización y coordinación, siendo fundamental constituir un movimiento que nos dé voz, cuerpo y rostro como poder comunal, en todo el proceso de construcción del socialismo en Venezuela. Los promotores de los CC de la clase media los ven como una de las escasas posibilidades que tienen de participar; la Comisión de Vecinos de la urbanización de clase media alta de Lomas de La Alameda, que fue creada para promover el CC, los define como la única posibilidad que ofrece el gobierno de participar. Señalan textualmente lo siguiente: Los Consejos Comunales son una forma de organización vecinal para el ejercicio del derecho de participación comunitaria. La participación en el ámbito público es un mandato de soberanía y son los Consejos Comunales la única figura que nos ofrece el gobierno bolivariano de la Republica de Venezuela para ejercer este derecho (Boletín Informativo, junio, 2007). Este boletín informativo de la urbanización Lomas de La Alameda hace un llamado a incorporarse en los términos siguientes: “opina, incorpórate y participa, de lo contrario, la Comisión Presidencial del Poder Popular lo hará por ti”. (Convocatoria 23 de julio 2007) reflejando así la desconfianza que se tiene de la instancia de la cual dependen. Una dificultad para el empoderamiento de los CC es al tamaño reducido de las unidades básicas que lo definen (un máximo de 200 familias en áreas urbanas, de 50 en áreas rurales y de 10 en comunidades indígenas) y su estrecha vinculación con decisiones o problemas cotidianos y puntuales de carácter local que no trascienden el ámbito comunitario. Este tamaño es sumamente pequeño para la autogestión de un barrio urbano o de una urbanización que en algunos casos pueden alcanzar miles de familias. Por otro lado, el esquema organizacional propuesto para los CC no cuenta con una instancia que coordine las labores de los comités de trabajo y de las unidades de gestión y que permita trascender el ámbito micro-local. 3. La autonomía y sus condicionantes Para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo a partir de sus identidades, se requiere de autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones de manera independiente del gobierno y/o de otra forma institucional u organizativa como los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales15. Entre los factores que facilitan o dificultan la autonomía se encuentran: i) la mayor o menor dependencia de los recursos otorgados por el Estado, ii) a definición técnica o política sobre los CC y iii) la vulnerabilidad a las presiones políticas para que los miembros se inscriban en el PSUV y/o como “reservistas”. Cuanto mayor sea la dependencia de los recursos del Estado, cuando los objetivos del CC se definan como “políticos” en vez de “técnicos” y cuando exista mayor vulnerabilidad de los miembros que componen el CC a las presiones políticas para que se inscriban, en el PSUV o en las reservas, menor será el grado de autonomía del CC. La adscripción de los CC al nivel central del gobierno del cual dependen para el otorgamiento de recursos pudiera facilitar una relación con el Ejecutivo de tipo clientelar, donde los afectos al Presidente y a su proyecto reciban los recursos prometidos con mayor frecuencia que quien lo adversa. De hecho, los resultados de las entrevistas realizadas indican que los CC formados por las personas no afectas al Presidente tienen mayores dificultades para que se les apruebe su solicitud y deben enfrentar innumerables procedimientos burocráticos que disfrazan la razón de la negativa final que reciben a sus solicitudes. De esta forma, el factor que mantiene activados a los CC de los sectores populares es la obtención de los recursos económicos; una vez que los mismos se ejecutan o dejan de llegar, los CC tienden a desactivarse. En el municipio Sucre, donde se estimó que para mediados de 2007 existían más de 150 CC, se reportó que más de 40 por ciento se encontraban desactivados para esa fecha por “deserción de los miembros” (El Nacional, 16-7-2007). Entre las causas se mencionaron la demora en recibir los recursos solicitados. Esta relación clientelar afecta a la autonomía que es uno de los rasgos fundamentales para definir a los movimientos sociales. Quizás por esta razón, los CTU que han demostrado tener un mayor potencial de autonomía se opusieron en el pasado a la transferencia de recursos desde arriba (García-Guadilla, 2006). Desde 2007, se observa un distanciamiento de las organizaciones ciudadanas de la clase media de los partidos políticos de la oposición lo cual se debe probablemente a su experiencia negativa con la Coordinadora Democrática donde participaron activamente los partidos de la oposición y a la cual se adscribieron muchas de esas organizaciones a lo largo del conflicto por el referendo revocatorio. Contrastando con el distanciamiento que han tenido los nuevos CC de la clase media con respecto a los partidos políticos de la oposición, los CC de los sectores populares han tendido a vincularse en mayor grado con los partidos políticos afectos a Chávez; mas recientemente, se han vinculado al surgimiento del Partido Socialista Unido16. Los resultados de las entrevistas realizadas en los sectores populares urbanos, rurales e indígenas indican que en ocasiones se les tienen que ver, en primer lugar, con el hecho de que la AC es una figura constitucional mientras que los CC no lo son. Otra razón es que si la consulta se hiciera a través de los CC, éstos tendrían primero que llamar a las asambleas que los componen. Una tercera razón para convocar directamente a las AC en vez de los CC es que la escala de estos últimos es muy pequeña para las discusiones de un PDUL y se requeriría de una asamblea que federara a todos los CC del municipio El Hatillo la cual no existe ni en la normativa del concejo municipal ni en la ley actual. Es posible que una razón adicional sea el hecho que no todo los ámbitos geográficos del municipio están cubiertos por CC por lo que las asambleas a nivel de barrios y urbanizaciones, que son ámbitos relativamente homogéneos tienen mayor capacidad de cobertura. Esta convocatoria a los “ciudadanos” se vincula con el proceso de “consultas”, y se supone que una vez completada esta etapa, será el concejo municipal de El Hatillo a través de los representantes políticos o concejales elegidos mediante elecciones, quienes tomarán las decisiones finales y así se habrán incorporado los dos tipos de mecanismos: el participativo y el representativo. La combinación de las dos lógicas, la representativa y la participativa, como se hizo en la experiencia de Porto Alegre, Brasil e incluso en el municipio Caroní, en Venezuela, resolvería algunos de los inconvenientes como “la falta de tiempo”, “la necesidad de una constante movilización” o la “apatía“ para participar que tiene el uso exclusivo de la participación. Tal como lo expresaran los entrevistados, “resulta difícil estar movilizado constantemente; para eso existen los representantes” (Entrevistas GAUS- USB, 2007) 6. El dilema eficiencia-burocratización La centralización implícita en los CC acarrea problemas de eficiencia en el funcionamiento. La pregunta mas frecuente sobre los CC es ¿cómo van a asumir la cantidad de funciones que se les ha asignado? El presidente Chávez en el discurso con motivo de la explosión del poder comunal (Cumbre Social, 2007) señaló que además de las funciones que ya tienen, los CC podrían encargarse de la salud, la niñez, el agua, la energía, la educación y todas las funciones propias de la comunidad que en este momento están siendo desempeñadas bien sea por las instituciones educativas, de salud, del agua y de la energía con el apoyo a nivel local de los Comités de Salud, las Mesas Técnicas del Agua y de la Energía y en general otras instancias de la sociedad organizada. Para el desempeño de esta multiplicad de funciones se contempla el “voluntariado”; por ejemplo, en el artículo 151 de la Lopna se señala que “los representantes de la sociedad” (que en la nueva versión de la ley fueron substituidos por los CC) en los respectivos Consejos de Derechos no tienen, por su condición de consejeros, el carácter de “funcionarios públicos” y, por tanto, son ad- honorem. Por otro lado, la inclusión de los integrantes de los CC en la nómina de funcionarios públicos acentuaría la posibilidad de cooptación. Otro factor que atenta contra la eficiencia es el supuesto erróneo de que la población cuenta con la experticia técnica para: a) encargarse de la ejecución de obras y del mantenimiento de los servicios básicos y de infraestructura, incluyendo la vivienda; b) evaluar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos; c) llevar a cabo el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas y d) hacer la contraloría social. En ocasiones falta una visión integral que permita la definición de los proyectos a escala comunitaria o bien su ejecución y seguimiento. Por ejemplo, los tanques de agua que recibió la comunidad de Sisipa después de un arduo cabildeo aún no se han instalado a pesar de la gran necesidad del preciado líquido porque no existe un experto en la comunidad que pueda hacerlo. Lo mismo ha ocurrido en otros sectores con el programa de “cambia tu rancho por una casa”, pues a pesar de haberse otorgado los materiales y las herramientas o el kit para construir las casas solicitadas, nadie sabe “cómo armarlas”. La contraloría social es un tema no resuelto, pues se le asigna a los propios miembros de los CC. Una de las percepciones sobre los CC que orienta la praxis es “la desconfianza entre los miembros” (Entrevistas GAUS-USB, 2007) Esta desconfianza se vincula con las acusaciones de “corrupción y falta de transparencia” y ocurre con mayor frecuencia en aquellos casos donde no se cuenta con contraloría social como en el caso de Sisipa, donde el programa “cambia el rancho por una casa” se dio sin contar primero con una unidad de contraloría social. “Consejos comunales bajo sospecha” titula el periódico TalCual del lunes 18 de febrero (pág. 4) para referirse a las denuncias del “presunto extravío de más de 4 millones de bolívares fuertes” otorgados al Comité de Tierras Urbana Parque La Paz y al hecho de que los vecinos elevaran el caso a la Fiscalía. Tal, como lo expresó un entrevistado, la realidad es que los CC sirven “para todo” pues cada vez se les intentan trasladar más funciones: la red Mercal en crisis, la seguridad de los barrios, etc. El presidente de Mercal señaló que “los consejos comunales juegan un papel importante en el reimpulso de la Misión Alimentación, el cual se llevará a cabo mediante la creación de los mercales comunales (El Universal, 17-02-2008: 4-6); explicó que “los puntos de venta de la red que han sido cerrados serán substituidos por estas bodegas que serán gerenciadas por la comunidad”. Cuanto más la ineficiencia de parte del gobierno, mayor la presión para trasladar los servicios y demás actividades a las comunidad y evadir la responsabilidad que le corresponde; ello es independiente de la capacidad que tenga la comunidad para manejar estas tareas. IV. Incertidumbres finales De manera semejante a las demás organizaciones comunitarias que han surgido al amparo de la Constitución de 1999, los CC propician la aparición de un actor comunitario con capacidad de autodiagnosticar los problemas de su entorno, estimulan el fortalecimiento de las comunidades y su arraigo por el espacio geográfico que habitan y potencian la organización de las agrupaciones comunitarias que han surgido como consecuencia de la política del presidente Chávez. Los objetivos y el discurso de la mayor parte de los actores gubernamentales, políticos y sociales alrededor de los CC no coinciden con las praxis. Mientras que los objetivos y el discurso presidencial hablan de empoderamiento, transformación y democratización, las praxis observadas apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política. Entregar recursos a las comunidades, sin que exista la experticia ni los mecanismos para garantizar la transparencia, hace a los CC más vulnerables a demandas reivindicativas, a prácticas de clientelismo, dependencia y cooptación alejándolos de la posibilidad de construir el poder comunal. A pesar que los partidos políticos de oposición perdieron legitimidad ante la sociedad civil y los partidos que llevaron al Presidente al poder perdieron relevancia, éstos continúan teniendo vigencia a través de su penetración en las organizaciones sociales que han surgido al amparo de la Constitución de 1999. Desde 2000, la mayoría de las organizaciones sociopolíticas creadas por el presidente Chávez o por la oposición política para concretar la democracia participativa se han visto penetradas por los partidos políticos a lo largo del período 2002-2007. Esta cooptación ha sido unas veces temporal (caso de los CTU y de las AC) y otras permanente (caso de los CB). Como consecuencia de la penetración de los partidos políticos, estas nuevas figuras no han sido capaces de mantener la autonomía que caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil. Los CC se debaten entre dos tendencias: ser cooptados o convertirse en el poder popular autónomo; hasta el momento, las praxis apuntan hacia la cooptación bien sea del gobierno del PSUV, el cual se vincula estrechamente con el gobierno. De mantenerse esta tendencia, los CC servirán para el control social y no serán reflejo de la soberanía popular. El modelo de democracia directa propuesto para la constitución de los CC prescinde de la representación a favor de la participación directa tipo asamblearia, cuyas decisiones son vinculantes. Este tipo de participación entra en ocasiones en conflicto con la “representación” que señala la Constitución actual, la cual se encuentra encarnada a nivel local en los gobiernos municipales y parroquiales. El ámbito territorial microlocal de los CC, el cual no se corresponde ni con el ámbito político-territorial de la parroquia ni del municipio, lleva a que la democracia directa local que propugnan tenga graves dificultades para articularse hacia arriba y así, ascender en la escala de decisiones. En el corto plazo y dada la competencia por los recursos económicos del Estado que existe entre los CC, también se dificulta el desarrollo de una red organizativa alrededor de la participación que trascienda este tipo de reivindicaciones microlocales y sea capaz de definir intereses colectivos a escala más amplia. En casi ninguno de los CC, ya sean de los sectores populares o los de la clase media, se piensa este espacio como el más idóneo para debatir un proyecto alternativo, democrático y descentralizado de sociedad En consecuencia, aun cuando los CC son percibidos como espacios de empoderamiento, no lo son en la realidad actual. Al interior de los CC, se libra una lucha entre constituirse en una instancia paraestatal clientelar o ser un movimiento social; es decir, entre la posibilidad de ser cooptado por el gobierno que otorga los recursos y presiona para someterlos al PSUV y la autonomía y permanencia como 17. García-Guadilla, María Pilar (2007): “Social Movements in a polarizad Setting: Myths of Venezuelan Civil Society” en Steve Ellner y Miguel Tinker Salas, Venezuela, Hugo Chavez and the decline o fan “exceptional democracy”. Rowan & Littlefield Publishers, Inc. 18. García-Guadilla, María-Pilar (2006): “Nuevas organizaciones sociales bolivarianas y Comités de Tierra Urbanos: ¿Cooptación o Autonomía?”. Trabajo presentado en la XXVI Conferencia Internacional de la Latin American Studies Association (LASA). Puerto Rico. 15-18 de marzo. 19. García-Guadilla María Pilar (2005): “La sociedad civil venezolana (1961- 2004): institucionalización de nueas ciudadanías y luchas por la democracia”. 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Notas 1 Según el documento del Gabinete Comunal del 15-2-2007 realizado en el Salón Venezuela del Círculo Militar Fuerte Tiuna, “los Consejos Comunales deben ser el combustible fundamental del motor habilitante, de la discusión de nuevas leyes que deben producirse para que la Revolución avance; “deben ser el combustible” del motor constituyente que debe reformar la Constitución Bolivariana para hacerla ajustada a la demanda de construir la sociedad socialista, en Venezuela, de acuerdo a nuestras particularidades y realidades” (Minci, 2007, 8). 2 Para definir la cobertura poblacional de los CC, se asume que aproximadamente el 90% de la población es urbana y debe regirse por la norma de 200 familias para conformar un consejo mientras que el 10% es rural y se rige por la norma de cincuenta familias; también que el promedio de habitantes por hogar es aproximadamente de cinco miembros. Ello supondría la cobertura de unos 4.680.000 de familias y de 23.400.000 de personas involucradas dentro de una población reportada por el Censo de Población y Vivienda de 2001 de unos 24.000.000. Esta cobertura no es realista y los resultados pueden deberse a errores, sea en el número de los miembros que efectivamente componen los CC, sea en el monto total estimado de CC. Sea en la relación de familias/miembros. 3 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución….” (Art. 5); “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, …. en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (Art. 70); “…La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” (Art. 62) y “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1.La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos….2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas” (Art. 184). También los artículos 52, 182 y 299 entre otros. 4 Chávez comparte las ideas de Ceresole quien destacó la importancia de la relación Líder-Pueblo; por tanto, la estructura que decretó para los CC fue de tipo vertical. La relación de los CC directa con Chávez y sin pasar por las intermediaciones de los partidos o de otro actor replantea el rol que tienen los partidos políticos tales como le recientemente creado Partido Socialista Unido (PSU) en los CC particularmente a la luz de las presiones que tienen los miembros de los CC para inscribirse en el PSU. 5 Los CC de la clase media se han focalizado principalmente en las grandes ciudades: Caracas, Valencia y Maracaibo y sobre todo, en las urbanizaciones o espacios donde se activaron las Asambleas de Ciudadanos durante el conflicto por sacar al Presidente Chávez del poder en el periodo de 2002- 2005. 6 levantamiento de la información necesaria para este trabajo. Por tanto, debo de agradecer a Maria Gabriela Pinzón y Elba Julieta García quienes hicieron estos acompañamientos. En algunos casos, el acompañamiento supuso la ayuda para constituir y/o legitimar el CC de la zona en cuestión. Maria Gabriela Pinzón y Verónica Contreras acompañaron las experiencias de los CC populares y Elba Julieta García, líder fundador del CC de la urbanización Santa Rosa de Lima, fue la encargada de acompañar y recolectar la información primaria en dicha urbanización y de hacer las entrevistas en el resto de las urbanizaciones de clase media. 7 El movimiento ciudadano constituido alrededor de las luchas por “la profundización de la democracia” se diferencia de las asociaciones de vecinos que respondían a intereses particulares clasistas (Lander,1966) . 8 Los CLPP son figuras mixtas; es decir, de participación y representación. Al respecto, véase Bastidas (2007) 9 De acuerdo con la Constitución de 1999, las AC no tienen un ámbito